La ministra Morant se enfrenta a una querella por no acudir al acto de conciliación con el conseller de Sanidad

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, tenía este jueves una cita en el juzgado. Se trataba del acto de conciliación con el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, por las acusaciones que la líder socialista hizo al conseller en relación a los beneficios que este obtenía de Ribera Salud.

En una declaraciones públicas realizadas en febrero, Morant aseguró: «En la Comunitat Valenciana mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada» y afirmó también: «Tenemos un conseller de Sanidad que se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud».

Tras estas afirmación, Gómez interpuso una querella. Con el acto de conciliación se pretendía que la ministra reconociera que las acusaciones eran falsas. Además, se reclamaba una indemnización de 30.000 euros por los daños morales e institucionales causados.

Desde el PSPV-PSOE solo han indicado a EFE que a la Ciudad de la Justicia de Valencia no ha acudido Diana Morant, mientras que desde el entorno del conseller de Sanidad han señalado que sí se ha celebrado el acto al acudir el abogado del conseller, y que se seguirá con la tramitación pertinente.

La ministra anunció el miércoles por la tarde su asistencia a un acto de la Semana Santa Marinera que fue anulado de su agenda casi a las doce de la noche sin más explicaciones.

El PP no ha perdido la oportunidad de señalar a Morant por esta cuestión. El portavoz popular en Les Corts, Nando Pastor, señaló que la ministra «tiene muchos escándalos que ocultar» y deslizó que tiene miedo a aparecer en público.

La querella

La defensa del conseller indica que las manifestaciones descritas «encajan plenamente en el delito de calumnias» y el acto de conciliación era la última oportunidad para que Morant rectificara públicamente y evitara la interposición inmediata de la correspondiente querella criminal, «con todas las consecuencias penales, civiles y reputacionales que de ello se derivan».

El abogado argumenta que el conseller está «sujeto a un especial deber de honorabilidad, transparencia y credibilidad pública» y «cualquier imputación de corrupción, lucro personal o conducta delictiva atribuida a su persona trasciende el plano individual y afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas».

El texto incluye como «advertencia expresa» que la «incomparecencia injustificada, la negativa a conciliar o la ausencia de retractación serán interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarán el ejercicio inmediato de acciones penales».

Por su parte, el pasado mes de febrero, el PSPV-PSOE presentó ante la Fiscalía provincial de Valencia una denuncia frente al conseller, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez, según recoge EFE.

En la denuncia señalan que hay "claros intereses en conflicto" entre el conseller y miembros de la cúpula de la concesionaria Ribera Salud, y "a quien se le prorrogó ilícitamente la gestión del Departamento de Salud Elche-Crevillent, con grave quebranto para las arcas públicas mientras existía familiaridad entre las partes".

Añade que las "prácticas en la gestión sanitaria podrían devenir" en los delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat.