
Mercado inmobiliario
Consumo sanciona a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por cobros a inquilinos
El departamento de Bustinduy concluye que ha cometido seis infracciones calificadas como «muy graves» y una como «grave»

La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar con un total de 3,6 millones euros a Alquiler Seguro por los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria, según ha informado esta organización.
A finales de octubre, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua, tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, que ha confirmado la sanción.
En el expediente sancionador, firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, se desgranan, según Facua, varias irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas estarían la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
La resolución sancionadora concluye que la inmobiliaria ha cometido seis infracciones calificadas como «muy graves» y una como «grave» en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.
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