El Gobierno desatasca la oferta de empleo para 50.000 interinos

Los nuevos criterios que Hacienda ha introducido en la convocatoria permitirán salvar casi todas las plazas que estaban en el aire.

Si nada se tuerce a última hora, es muy probable que las 50.000 plazas destinadas a estabilizar el trabajo interino que estaban en el aire en la histórica Oferta Pública de Empleo (OPE) de 250.000 puestos para los próximos tres años finalmente se salven. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha estado trabajando en las últimas semanas en un documento que ha introducido matices de tipo técnico en la oferta inicial que, según fuentes de CSIF, posibilitará que estos empleos salgan adelante. «Somos optimistas», resumen desde el sindicato de funcionarios. Hacienda presentará el documento a los sindicatos este lunes.

Los 50.000 empleos públicos en el aire se reparten a partes casi iguales entre Educación y Sanidad. Su convocatoria no depende del Estado, sino de las comunidades autónomas, que, en algunos casos, se habían mostrado reticentes hasta ahora a sacarlas adelante. En el caso de las plazas de Educación, regiones como Asturias y Cantabria no han convocado por dificultades presupuestarias. Otras como Madrid y Andalucía, por problemas de calendario. Sin embargo, tras las reuniones de la mesa sectorial del sector que se han celebrado en días pasados, desde el CSIF aseguraron que la situación «se arreglará seguro». Su impresión es que la convocatoria de los empleos públicos tanto en Educación como en la Administración General del Estado se ejecutará este ejercicio.

Más compleja es la situación en Sanidad. Antes de avanzar en la OPE, es necesario convocar un concurso de traslados previo para que los que ya tienen plaza fijan puedan optar a las mejores, explican desde CSIF. Además, existen problemas con las categorías que se incluirían en la convocatoria. Ahora mismo son sólo seis. Desde CSIF consideran que son insuficientes dado que quedan fuera algunas tan importantes como la de médicos de familia. A pesar de ello, confían en que el grueso de las plazas saldrá adelante, aunque lo más probable es que la convocatoria se retrase a 2019. «Puede que se queden algunos puestos por el camino, pero si fueran 5.000 menos sería ya todo un éxito», explican. En este sector, se ha llegado a un acuerdo tan importante como la unificación de fechas de los exámenes en todas las comunidades autónomas. Así lo confirmó el pasado martes el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid, Pablo Calvo. La unificación del calendario era prioritaria para evitar problemas como los de 2015. Entonces, entre el 25% y el 30% de los profesionales que obtuvieron plaza fueron de otras comunidades autónomas, algo que generó un cierto caos al tratar después de retornar a sus regiones de origen.

Aunque las comunidades eran reacias en un principio a exponer sus planes de empleo público para el sector sanitario, poco a poco se van haciendo públicos. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado esta misma semana que sacará una próxima OPE con 13.322 plazas en las categorías principales del personal del SERMAS, dentro de un marco general de 19.700 puestos en los próximos tres años. A finales de noviembre, fue Castilla-León la que anunció sus planes. Su convocatoria de empleo público alcanzará las 6.421 plazas, de las que 3.409 serán en el ámbito de la Sanidad. Es la mayor oferta de esta comunidad en los últimos veinte años.

OPE sin precedentes

La histórica OPE de 250.000 plazas para los próximos tres años contempla en sus planes iniciales, firmados en marzo, que este mismo ejercicio se convoquen 67.000 nuevos puestos. El 90% del total de la oferta está destinada a reforzar la Sanidad, la Educación y la Justicia. En concreto, recoge 129.700 plazas para Sanidad, 98.807 para Educación y 8.564 para la Administración de Justicia. En estas tres áreas, se alcanzó un acuerdo para fijar en el 100% la tasa de reposición de los trabajadores que se jubilan e incrementar esta tasa desde el 50% hasta el 75% en el resto de sectores.

La oferta está destinada esencialmente a reducir al interinidad del 20% actual hasta el 8%. Aunque se convocarán oposiciones al uso, en los baremos de puntuación se podrá valorar el tiempo en que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al servicio de las administraciones públicas, lo que otorga gran ventaja a los trabajadores interinos.