El Gobierno y el PSOE pactan el mecanismo de devolución de las cláusulas suelo

PP y PSOE pactan el texto del Real Decreto-Ley para que entidades financieras avisen a los afectados y puedan acordar una solución amistosa que evite la vía judicial.

A la tercera irá la vencida. O al menos eso parece. El Consejo de Ministros aprobará mañana si nada vuelve a torcerse la solución extrajudicial que permitirá devolver el dinero cobrado indebidamnente por las entidades financieras por las cláusulas suelo aplicadas a partir de 2009. El Ejecutivo ultima los detalles de un decreto- ley que articulará las reclamaciones de los más de 1,4 millones de ciudadanos afectados por estos préstamos sin recurrir a la vía judicial. El Gobierno ha pactado con el PSOE los temas que quedaron pendientes en las dos últimas semanas y que impidieron su aprobación por el gabinete ministerial. El Grupo Socialista se abstendrá en la votación de la convalidación del decreto-ley en la Cámara Baja, lo que permitirá que salga adelante con los votos del Partido Popular, Coalición Canaria y Cuidadanos, tal y como confirmó el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura.

En una conferencia de prensa, Saura explicó que se ha conseguido un texto que consolida los derechos de los consumidores de mejor forma que en los primeros borradores, algo más desequilibrados a favor de las entidades financieras, en opinión de los socialistas. «Es un real decreto que garantiza un procedimiento extrajudicial rápido, gratuito para los consumidores y que no implica quita. Es transparente y consolida los derechos de los consumidores», ha puntualizado Saura, que ha reiterado que el PSOE ha velado por los afectados.

alto coste

Como se recordará, el pasado 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció la ilegalidad de las cláusulas suelos en los préstamos hipotecarios desde el mismo momento en que se concedió la hipoteca y no desde 2013, como había indicado con anterioridad el Tribunal Supremo español. La sentencia afectará a 1,4 millones de ciudadanos y puede suponer para el sistema financiero un desembolso de 4.200 millones de euros, según ha estimado el Banco de España. La media por afectado se situará entre los 7.000 y 10.000 euros en función del importe del préstamo hipotecario.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido en Davos, donde se encuentra para participar en el Foro Mundial de la Economía, la solución extrajudicial como alternativa «gratuita» para evitar el colapso de los juzgados mediante un acuerdo entre las partes. De Guindos ha considerado que «lo importante» en este procedimiento será definir la cantidad indebidamente cobrada por estas cláusulas no transparentes. «A partir de ahí habrá negociación (entre el banco y el cliente)», ha indicado. Para el ministro, el Ejecutivo sólo puede fijar un cauce «mucho más sencillo y rápido» que en un procedimiento judicial habitual. «Pero el Gobierno no puede hacer más», ha destacado, recordando que se trata de una negociación entre particulares. Varios bancos están convencidos de que las cláusulas que contenían sus préstamos eran transparentes y que los ciudadanos fueron informados convenientemente.

Control y evaluación

El procedimiento es gratuito, se cerrará de mutuo acuerdo en una plazo máximo de tres meses a contar desde que el banco informe a los afectados de los importes cobrados indebidamente. Desde ese instante el afectado tiene 15 días para estudiar la propuesta, aceptarla o recurrir a la vía judicial si entiende que ésta es la mejor opción para sus intereses.

El real decreto que ultima el Gobierno, consensuado con Ciudadanos y el PSOE, fijará la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas que a su juicio sean necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano se incluirán a los representantes de los consumidores y de la abogacía.