Autopistas

El rescate de las radiales arrancará en una semana pese al «no» del Congreso

El Gobierno no va a prorrogar los contratos que vencen desde este año y quiera negociar con la oposición si mantener o eliminar el pago por uso en las vías que ahora lo tienen
El Gobierno no va a prorrogar los contratos que vencen desde este año y quiera negociar con la oposición si mantener o eliminar el pago por uso en las vías que ahora lo tienenlarazon

Una semana. Eso es lo que resta para que la gestión de las nueve autopistas de peaje quebradas vuelva a manos del Estado. El Ministerio de Fomento, a través de las Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), asumirá el control de la radial R-4 –Madrid-Ocaña– el día 21, según anunció ayer el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, en una entrevista en TVE. Tras la R-4, en los próximos meses serán liquidadas los concesiones de las otras ocho vías. Cuando todas estén en manos del Estado, se agruparán en dos lotes, uno con las vías costeras y otro con las del interior, que volverán a ser licitados antes de que termine el año para entregar otra vez su gestión a la iniciativa privada mediante una concesión.

La reprivatización de las radiales se hará a pesar de la mayoritaria oposición del Congreso de los Diputados. PSOE, PNV, ERC, PdeCAT y Compromís votaron ayer a favor de una proposición no de ley de Unidos-Podemos en la que se insta al Gobierno a no volver a privatizar ni estas autopistas ni aquellas cuyas concesiones comenzarán a vencer el próximo mes de noviembre. En contra votó Foro Asturias. El PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Con la relicitación de las autopistas, el Estado calcula que ingresará entre 700 y 1.000 millones de euros. Ese dinero servirá para mitigar los efectos de la indemnización que tendrá que pagar a las antiguas concesionarias de las vías por la cancelación anticipada de sus contratos tras su quiebra, la conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Aunque De la Serna admitió que este coste «efectivamente tendrá un impacto en el déficit público de este ejercicio», no se aventuró a dar cifras. Las cuentas que el Estado envió a Bruselas en su plan de estabilidad lo estiman en 2.000 millones. Sin embargo, el ministro aseguró que es una cantidad «orientativa» y que el importe definitivo saldrá del análisis que se haga «autopista por autopista». Una vez liquidadas, el Estado tiene un plazo de seis meses para calcular la RPA y abonarla.

No obstante, De la Serna reconoció de nuevo que el importe final a pagar lo acabará fijando un juez, al dar por hecho que los fondos que se quedaron con la deuda de unos 3.200 millones que suman las autopistas no estarán de acuerdo con el monto que calcule el Gobierno y lo llevarán a los tribunales. Estas instituciones elevan el importe de la RPA hasta al menos 4.500 millones de euros y han insistido en que están dispuestos a negociar un acuerdo con el Estado, si bien han advertido de que, si van a los tribunales, pel

El decreto de la estiba, antes de verano

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que el Gobierno cumplirá su compromiso y aprobará el reglamento que desarrolla la nueva ley de la estiba antes del verano. Fomento trabaja «intensamente» en el texto del real decreto que desarrolla la nueva ley que están solicitando los estibadores, porque «tiene algunas cláusulas que evidentemente favorecen el cierre de los acuerdos y convenios colectivos con el sector empresarial», agregró. De la Serna explicó que el real decreto está en trámite de informes internos y tiene que pasar al Consejo de Estado, para luego ir al Consejo de Ministros.

earán por cada millón. Los fondos advierten de que el proceso podría encarecer la factura en 320 millones en concepto de comisiones de demora.