La Justicia europea deja en evidencia a Almunia al declarar legales las ayudas al sector naval

La decisión de 2013 paralizó la construcción de barcos en España y tumbó la cartera de pedidos.

La Justicia europea dio ayer un duro revés a Joaquín Almunia, quien como comisario europeo de Competencia en 2013 consideró ilegales las ayudas del Gobierno español al sector naval. Obligaba entonces a devolver ayudas millonarias recibidas entre 2007 y 2011, lo que hizo incluso temer por el futuro del sector. El Tribunal General de la Unión Europea dio carpetazo a esta decisión anulando la resolución de la Comisión Europea y dando, por tanto, la razón al Gobierno de España.

Aunque ante la sentencia cabe un recurso, el tribunal europeo declaró ayer legal el sistema de arrendamiento fiscal creado por el Ejecutivo español, más conocido como «tax lease». El Gobierno ideó una fórmula para incentivar las inversiones en los astilleros españoles, de la que se beneficiaron varias empresas.

De la prosperidad al parón

Este sistema de ventajas fiscales hizo que Holanda presentara varias denuncias ante la Comisión, alertando de que en España se podía comprar un buque con descuentos de hasta el 30%. Los denunciantes consideraban que les suponía una seria desventaja y provocaba la pérdida de posibles contratos. La Comisión dictaminó entonces que se trataba de una ventaja selectiva con la que había que acabar. La decisión de Almunia provocó que se vieran «paralizadas» las construcciones de barcos en España y que la actividad del sector sufriera un «drástico frenazo», como denunció Pymar –la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles– , «con unos efectos devastadores para la industria naval española». Señalaba que desde la sentencia de la Comisión se han perdido alrededor de 100 pedidos.

Holanda, sin embargo, se vio ampliamente beneficiada, con un incremento considerable en su cartera de pedidos, que alcanzó en 2013 un nivel «sin precedentes». Ese año, la construcción de buques en los Países Bajos creció en un 80% respecto a 2010. «Este trasvase de pedidos, que se produjo desde España a Holanda, se materializó especialmente en la cartera de buques offshore. Según información publicada por Clarksons, España pasó de contar con 27 unidades en cartera en 2010 a tan sólo 8 en 2014, mientras que Holanda disparó su cartera entre esos mismos años, de 7 a 55», denunciaba Pymar.

El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pymar recurrieron la decisión de la Comisión Europea, que ayer se resolvía a su favor. A día de hoy, falta la resolución de otros 63 recursos. «Como la decisión impugnada adolece de diversos errores y de una motivación insuficiente en lo que respecta a la calificación de ayuda estatal... procede estimar la primera de las pretensiones del Reino de España, de Lico y de Pymar, y anular dicha decisión en su totalidad, sin necesidad de examinar los demás motivos y alegaciones invocados en estos dos recursos», señala la conclusión de la sentencia del Tribunal General. Por su parte, la Comisión Europea estudiará la sentencia del Tribunal y valorará interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia. En esta sentencia, la Justicia europea declara que el sistema no constituye ayuda de Estado, entre otros motivos, porque todos los que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones «sin distinción» podían beneficiarse.