El sistema público de pensiones en nuestro país ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo de las últimas décadas para su sostenibilidad financiera. En 2011 comenzó una transformación para hacer frente al envejecimiento de la población y al aumento sostenido de la esperanza de vida, que culminará en 2027 con la entrada en vigor completa de todas sus medidas. El resultado será un modelo en el que la edad de jubilación y la cuantía de la pensión estarán más vinculadas que nunca a la trayectoria laboral de cada trabajador.

Uno de los cambios más visibles es el retraso progresivo de la edad ordinaria de jubilación. La edad ordinaria de jubilación en España en 2026 se sitúa en los 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. En cambio, para aquellos con una carrera de cotización más corta, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses. Esta edad legal seguirá aumentando progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027.

Este ajuste responde a una realidad demográfica en la que cada vez hay más pensionistas y durante más tiempo, lo que incrementa la presión sobre las cuentas públicas. Sin embargo, la reforma no establece una edad única e inamovible.

Así, quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses podrán seguir jubilándose a los 65 años sin sufrir penalización en su pensión. Esta excepción consolida un modelo que premia las carreras largas y estables. Por el contrario, aquellos trabajadores que no alcancen ese umbral deberán prolongar su vida laboral hasta los 67 años si desean acceder al 100% de la prestación.

La jubilación anticipada seguirá siendo una opción y se mantendrán los coeficientes reductores que penalizan la pensión en función del tiempo que se adelante el retiro. Cuanto mayor sea el anticipo respecto a la edad ordinaria, mayor será el recorte en la prestación. De este modo, el sistema desincentiva las salidas prematuras del mercado de trabajo, reforzando el objetivo de prolongar la vida laboral. La reducción se calcula en función de los meses que se adelante la jubilación y del total de años cotizados a la Seguridad Social. En 2026, estos recortes pueden oscilar aproximadamente entre el 2,81% y el 21%.

Cambio en la base reguladora

El cambio más relevante afecta al cálculo de la pensión, concretamente a la base reguladora, que determina la cuantía final que percibirá el jubilado. Hasta ahora, esta se calcula tomando como referencia los últimos 25 años cotizados. A partir de la reforma, se introduce una mayor flexibilidad al permitir elegir entre dos fórmulas.

La primera opción mantiene el modelo actual, basado en los últimos 25 años. La segunda amplía el periodo de cálculo hasta 29 años, con la posibilidad de descartar los dos peores años de cotización. Este nuevo mecanismo está diseñado para beneficiar a quienes han tenido carreras laborales irregulares, con lagunas de cotización o etapas de menor salario.

El objetivo de todos estos cambios es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.