Los ocho programas de ayudas al sector han permitido achatarrar más de 1,1 millones de automóviles de más de diez años. Pese a todo, España tiene uno de los parques más obsoletos

Los fondos del octavo Plan PIVE para achatarrar automóviles de más de diez años de antigüedad se agotaron antes de que finalizara el pasado mes de julio. A diferencia de ediciones anteriores, no hay planes claros de continuidad en estos programas de ayuda a la compra de coches nuevos. Una circunstancia que puede lastrar el buen comportamiento de las matriculaciones que se ha mantenido en los siete primeros meses del presente ejercicio, con un incremento de las ventas del 11%. El hecho de que el Gobierno cumpla hoy 239 días en funciones parece un obstáculo insalvable para que el Ministerio de Industria, previo informe positivo de Hacienda, habilite nuevos fondos para continuar con esta iniciativa. La venta de 30.000 cohes más corre serio peligro en los meses que restan para que finalice el año.

Aunque las ayudas de este último plan eran un 25% más pequeñas que la de los programas anteriores (1.500 euros por vehículo en lugar de 2.000 de los PIVE anteriores, con la excepción del segundo), la iniciativa seguía sirviendo para atraer a clientes a los concesionarios de automóviles y facilitar el cierre de operaciones de compra de vehículos.

Es cierto que las cantidades recibidas por parte de los compradores se habían reducido en 500 euros y que, además, la ayuda debía ser declarada como ingreso en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una medida que a la postre reducía el ahorro final de los que se adherían al plan. Pero no es menos cierto que este descenso teórico de fondos se veía frecuentemente compensado por el mayor esfuerzo que realizaban las casas de automóviles para poder cerrar con éxito operaciones.

Un gancho

El gran logro de los planes PIVE, según la mayoría de las opiniones, es la capacidad de atraer a los posibles compradores a los concesionarios, incluso en marcas cuyos vehículos no podían beneficiarse del plan de ayudas. Pero era muy importante desde el punto de vista comercial. Por ello, todos los ejecutivos del sector del automóvil confían en la formación de un nuevo Gobierno cuanto antes que pueda desbloquear la actual situación e inyecte nuevos fondos para incentivar la demanda. El sector no considera que suponga un gasto desde el punto de vista del Estado, sino una inversión. Por cada vehículo nuevo que se vende de los acogidos al plan, las administraciones púbicas ingresan más de lo que pagan, simplemente por la vía de los impuestos, como IVA y matriculación, sin olvidar otros derivados de gravámenes sobre el carburante, tasas municipales, beneficios de las empresas relacionadas como seguros, concesionarios, talleres, etc.... Según los cálculos que realiza el sector, por cada euro de ayuda que pone, el Estado recauda cuatro. Esa ha sido al menos la media desde que en 2007 se pusieron en marcha estos planes (con diferentes nombres como 2000E o PIMA) para incentivar la demanda.

Posible parón de ventas

Germán López Madrid, presidente de Aniacam, cree que la contribución del Plan PIVE al crecimiento de las ventas ha sido muy importante y si no hay un Gobierno de forma urgente y se arbitra una sustitución o prolongación a este plan, el mercado se va a resentir, cifrando en 30.000 unidades los vehículos nuevos que se van dejar de venderse hasta final de año. Al cierre de julio se habían matriculado en el mercado español algo más de 730.000 automóviles de turismo nuevos, lo que supone un 11,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Las estimaciones de ventas para el conjunto del año se sitúan en el entorno de los 1,2 millones de unidades.

Los 8 planes PIVE han contribuido a la desaparición por achatarramiento de cerca de 1.100.000 vehículos antiguos, obsoletos, altamente contaminantes e inseguros, pero todavía España cuenta con un parque excesivamente viejo: la media de antigüedad se estima en 11,7 años. Se trata de uno de los parque más viejos de Europa que hay que ir rejuveneciendo si se pretende mejorar la seguridad y disminuir las emisiones contaminantes. Para ello, según López Madrid, la contribución del Estado es necesaria, porque además supone una importante fuente de ingresos, con una contribución de más de 5.000 millones de euros para las arcas estatales.