En toda relación laboral, la confianza entre empleador y trabajador es un elemento fundamental para garantizar un entorno productivo y estable. Esta confianza se construye a partir de compromisos mutuos, respeto y comunicación abierta, y permite que ambas partes se sientan respaldadas en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los actos de reconocimiento, la flexibilidad en los horarios y la consideración de las necesidades personales del empleado son algunos ejemplos de cómo la relación puede fortalecerse sin generar conflictos.

Sin embargo, la línea entre confianza y abuso es muy fina, y puede cruzarse cuando la autoridad del empleador se utiliza para imponer comportamientos que vulneran derechos fundamentales del trabajador. Contactar de manera reiterada fuera del horario laboral, exigir disponibilidad inmediata sin justificación o invadir la intimidad digital del empleado son prácticas que pueden generar estrés y un entorno laboral hostil. Un caso paradigmático ocurrió cuando una empresa fue sancionada con 70.000 euros por incluir a un trabajador en un grupo de Whatsapp corporativo donde se vulneraban normas de privacidad y se generaba presión indebida.

De esta manera, la reiteración de este tipo de conductas pone de manifiesto que ciertas prácticas aparentemente rutinarias pueden convertirse en infracciones graves de la ley laboral. Entre ellas, el retraso en el abono del salario constituye otra forma de vulneración de derechos que afecta directamente a la estabilidad y seguridad económica del trabajador. No se trata únicamente de una cuestión de puntualidad, sino de la obligación del empleador de cumplir con sus compromisos contractuales de manera íntegra y legal.

¿Qué dice el Estatuto respecto a este práctica?

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece que el salario debe pagarse en la fecha y lugar convenidos, de forma puntual y documentada, con una periodicidad que no puede superar un mes. El tercer punto de este artículo establece que en caso de retraso en el pago, el trabajador tiene derecho a exigir intereses por mora del 10% sobre la cantidad adeudada, los cuales deben ser abonados por la empresa a partir del primer día en que se produce el incumplimiento. Este mecanismo busca proteger al trabajador frente a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la demora en el cobro.

Cuando el retraso se convierte en un patrón constante, las consecuencias para la empresa son más severas. Esto se debe a que la reiteración en el incumplimiento puede dar lugar a que el trabajador solicite la rescisión de su contrato con derecho a indemnización y a percibir la prestación por desempleo, ya que la ley considera que la empresa está incumpliendo sus obligaciones contractuales de forma grave. Este derecho no solo protege los ingresos del trabajador, sino que también busca mantener un equilibrio en la relación laboral frente a abusos recurrentes.

¿Cuándo se considera que hay retraso en el pago?

SegTal y como esclarece la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia de la Justicia, retraso se considera cuando se superan quince días desde la fecha fijada para el pago del salario. En cuanto a la reiteración, el derecho a la extinción del contrato del empleado por cuenta propia con posibilidad de indemnización y paro se obtiene cuando se acumulan tres mensualidades completas adeudadas en un año o si se producen retrasos durante seis meses aunque no sean consecutivos. Esta regulación proporciona un marco claro que permite al empleado defender sus derechos de manera efectiva ante incumplimientos repetidos.

Por ende, la confianza en el ámbito laboral es esencial, pero no puede convertirse en un espacio donde se vulneren derechos fundamentales. Así como el abuso de la comunicación fuera de horario o la presión digital puede ser sancionado, el retraso reiterado en el pago de la nómina es una infracción grave que otorga al trabajador herramientas legales para protegerse. Cumplir con los plazos establecidos en el Estatuto y respetar los derechos del empleado no solo evita sanciones, sino que fortalece una relación laboral basada en la legalidad y la confianza mutua.