Los adelantados de la clase

Sólo Canarias, Galicia y País Vasco consiguieron situarse bajo el techo presupuestario en 2015. «Los que no han cumplido tendrán sus razones, pero se podía cumplir», ha insistido Montoro

Tres de 17. Ni tan siquiera una quinta parte de las comunidades autónomas cumplieron con los objetivos de déficit en 2015. Únicamente Canarias, Galicia y País Vasco, con el 0,54%; el 0,57% y el 0,69% del PIB, respectivamente, permanecieron bajo el techo presupuestario. «Los que no han cumplido tendrán sus razones, pero se podía cumplir», resaltó Montoro.

Pese a la bienintencionada pretensión de sacar lecciones para mostrar al resto de comunidades cómo lograr los objetivos comprometidos, los expertos consultados aseguran que cuando se busca un patrón común, no es fácil encontrar una regla. Si bien podría pensarse que estas comunidades se han apretado el cinturón, al analizar el gasto en porcentaje sobre el PIB regional se desprende que tanto Canarias como Galicia han gastado un 0,8 y un 1,6% más que la media de las comunidades, y que sólo el País Vasco muestra un gasto muy inferior –del 0,9%– a la media nacional.

Donde sí parece existir una gran diferencia, resalta Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es en gasto corriente. Al menos en Galicia y País Vasco, donde resulta casi un punto porcentual de PIB, y que sería la partida que permitiría explicar en gran parte el cumplimiento del objetivo de déficit en estas dos comunidades. En cuanto a los ingresos, Hidalgo asevera que tampoco hay un patrón claro, debido a las particularidades que rodean a cada una de las regiones.

De la gestión realizada en Galicia, Canarias y el País Vasco el resto de las comunidades debe aprender que no importa tanto la estructura de ingresos y gastos, sino que los segundos deben ser proporcionales a los primeros. «El camino hacia el equilibrio que se quiera adoptar será mejor cuando sea a través de un contrato con los ciudadanos, vía programas electorales y la necesaria corresponsabilidad fiscal», afirma Hidalgo.

El desfase presupuestario se debe a la importante caída de los ingresos tributarios y a no haber adoptado las necesarias medidas de recorte de gasto público. A Santiago Álvarez, vicerrector de planificación económica de la Universidad de Oviedo, le parece especialmente preocupante que el déficit global haya sido superior en los ejercicios 2014 y 2015 –de crecimiento económico y, por tanto, de incremento de los ingresos fiscales–, que en 2013, cuando todavía no existían signos de recuperación. Álvarez asegura que la situación de aquellas comunidades que tienen un déficit superior a los dos puntos del PIB regional es crítica, «ya que tendrán que implementar importantes ajustes en el gasto para cumplir con la senda de consolidación presupuestaria».

Reducir el déficit requiere que las comunidades cumplan, de forma estricta, con la regla de gasto, y que destinen a esta lucha los mayores ingresos que van a recibir del sistema de financiación autonómica. En cualquier caso, a Álvarez le parece muy improbable que las comunidades que más han incumplido los objetivos puedan corregir esta situación en el corto plazo.

Las autonomías no han acompasado su nivel de gasto a la reducción de ingresos que desató la crisis. Además, Álvarez destaca que no ayuda al cumplimiento de estos objetivos los planteamientos de algunos gobiernos que han surgido de las últimas elecciones. El crecimiento de la deuda pública supondrá importantes tensiones presupuestarias en el futuro, y la degradación de su calificación encarecerá los costes de colocación de la misma. De hecho, el BCE ya se ha negado a comprar deuda de Cataluña por las incertidumbres que se plantean sobre su futuro. «De no adoptarse medidas en el corto plazo, estas comunidades tendrán importantes problemas de solvencia. La solución no es retrasar el cumplimiento de los objetivos de déficit, como proponen algunos», señala Álvarez.

¿Fracaso del Estado de las autonomías?

Al igual que el ministro Cristóbal Montoro, Hidalgo considera que se ha fracasado en la construcción del Estado de las autonomías, aunque piensa que se debe en mayor medida a un diseño desacertado que a la mera existencia de las comunidades. El profesor de la Universidad Pablo de Olavide cree firmemente en la descentralización como medio para acercar los servicios públicos a los ciudadanos, y defiende la autonomía de las regiones, que «no debe limar la unidad de España». Sin embargo, remarca que se han cometido errores graves en cuanto al diseño de las competencias y su transferencia a las comunidades.

«El gran problema se centra especialmente en la financiación». Hidalgo explica que existe una alta descentralización del gasto, pero no de los ingresos, salvo excepciones. A pesar de que un porcentaje importante de los ingresos por impuestos es asignado a las comunidades, la capacidad que éstas tienen para regular y legislar sobre los mismos es muy limitada, lo que les deja vía libre para lanzar mensajes de agravios frente a un Estado central que no responde a sus necesidades.

Reforma de la financiación autonómica

Hacienda ya ha anunciado que creará un grupo de expertos para abordar la reforma de la financiación autonómica. Y no hay tiempo que perder. Hidalgo señala que, evidentemente, urge abordarla, y que los pilares deberían ser elevar la autonomía recaudatoria sin romper la unidad del territorio, ni la solidaridad. Actualmente, las comunidades obtienen gran parte de los ingresos a través de pagos a cuenta de impuestos que van a ser recaudados en un futuro, pero «esto es un dislate, pues elimina la corresponsabilidad fiscal y aleja la responsabilidad del gasto del ciclo económico y de la restricción presupuestaria». Al ceder plenamente ciertos impuestos a las autonomías para que se financien acorde a sus necesidades y posibilidades, «podremos facilitar el cuadre de las cuentas». No obstante, Hidalgo ve necesario que un «presupuesto estatal» compensase las diferentes capacidades recaudatorias de las regiones a través de fondos de cohesión o compensación, «algo que ya existe, pero que está imbricado en un sistema complejo que dificulta su adecuada implementación».

Álvarez opina que la reforma debería anclarse en un sistema de transferencias estable y transparente, que sustituyera los distintos mecanismos actuales, y que cumpliera con un objetivo básico de equidad, igualando las diferencias de financiación por unidad de necesidad existentes. También cree que debería revisarse el funcionamiento de los pagos a cuenta de la liquidación definitiva para reducir la incertidumbre sobre los recursos que finalmente recibirán las distintas comunidades, y poder ajustar sus previsiones de gasto a los ingresos reales. Sin embargo, «los problemas de financiación no deberían constituir la coartada para incumplir los objetivos de déficit», apostilla.