La última empresa de Ruiz-Mateos

José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada falleció ayer en un hospital de El Puerto de Santa María (Cádiz) a los 84 años de edad. El que fuera fundador de Rumasa en el año 1961 y de Nueva Rumasa, en 1990, estaba ingresado en el centro hospitalario gaditano desde mediados del pasado mes de agosto, al que llegó tras sufrir una caída que le provocó una fractura de cadera. Su operación se complicó con una neumonía. Ruiz-Mateos será enterrado hoy en su localidad natal, Rota. A lo largo de la tarde de ayer, familiares y amigos del empresario acudieron a la residencia Hermanitas de los Pobres de El Puerto, en donde la familia decidió instalar la capilla ardiente.

Durante los últimos años, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos vio deteriorarse su salud. El pasado 18 de junio, ingresaba en el hospital madrileño Gregorio Marañón por un empeoramiento de su estado de salud, después de pasar su primera noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por orden judicial. Ocho días después, José María Ruiz-Mateos fue puesto en libertad por resolución judicial ante los preocupantes síntomas de párkinson que acreditó un informe médico presentado por el equipo jurídico. El empresario gaditano padecía «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables», que habían afectado a sus habilidades cognitivas y funcionales, de acuerdo con los informes presentados por su abogado, Marcos García Montes.

Creada en 1961, Rumasa llegó a convertirse en el mayor entramado empresarial de España, con cerca de setecientas empresas de muy diferentes actividades, aunque más de la mitad no estuviesen operativas. Daba empleo a más de 65.000 personas, aunque la poca ortodoxia contable le provocó numerosos conflictos. Llegó a contar con casi un centenar de inmobiliarias y promotoras, una treintena de hoteles, 21 bancos o 55 sociedades relacionadas con el vino o las bebidas. En 1990 levantó Nueva Rumasa, que también ha terminado en los juzgados.

Todo había transcurrido con normalidad hasta que llegó el año 1983. Se cumplía el segundo aniversario del frustrado intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero y la noticia corrió como la pólvora por las redacciones de los distintos medios informativo. El Gobierno había decidido expropiar Rumasa mediante el real decreto Ley 2/83, «por razones de utilidad e interés social». Esta disposición fue convalidada por el Congreso de los Diputados, que posteriormente aprobó la Ley de Expropiación 7/83 de 29 de junio.

Una medida controvertida

La utilidad pública y el interés social no fueron los únicos argumentos esgrimidos por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, para justificar la decisión adoptada. Le acompañaron en el argumentario la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo y sus sociedades, la obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos con el grupo y la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias.

Todos estos frentes llevaban abiertos desde hacía ya varios años, pero los diferentes gobiernos de UCD no se atrevieron a dar el paso, seguramente porque estuvieron siempre más pendientes de consolidar el nuevo régimen que los españoles se habían dado con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 y de frenar un paro y una inflación desbocadas, que de imponer los criterios generalmente aceptados en la contabilidad de un grupo que daba empleo a decenas de miles de personas. Un comentario generalizado en los pasillos del Congreso fue la patata caliente que Suárez le pasó a Felipe González en 1982. Fue la primera gran medida que adoptó el PSOE tras ganar las elecciones generales en octubre de 1982. Anterior incluso a la nacionalización de la red de alta tensión que figuraba en su programa económico.

Según el informe de auditoría elaborado por Arthur Andersen que recibió el entonces director general del Patrimonio, Javier Moral, las pérdidas acumuladas por el «holding de la abeja» a día de la expropiación ascendían a 346.565 millones de pesetas (2.083 millones de euros). Teniendo en cuenta que los fondos propios del conglomerado ascendían a 89.000 millones de pesetas, el «agujero» que tenía el grupo que creó José María Ruiz-Mateos era de 257.000 millones de pesetas (1.545 millones de euros).

El empresario gaditano comenzó su trayectoria profesional en el negocio familiar de exportación de vinos a Reino Unido, hasta que en 1961 dio el gran salto.

La lucha en los juzgados

A raíz de la expropiación, Ruiz-Mateos inició una batalla judicial que personalizó en la figura de Miguel Boyer, su archienemigo declarado, que falleció hace ahora cerca de un año. A pesar de sus desavenencias con el «superministro», Ruiz-Mateos lamentó públicamente su fallecimiento, pese «al gran calvario sufrido».

Tras perder en el Constitucional, Ruiz -Mateos siguió la batalla en el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que en 1993 dictaminó que en el proceso de expropiación se había violado el derecho a ser oído, aunque le negó cualquier indemnización.

Según su abogado, Ruiz-Mateos deja aún varias causas pendientes, entre ellas una reclamación de paternidad, dos procedimientos sobreseídos y la demanda ante el tribunal europeo. Los procesos relacionados con Nueva Rumasa quedan sobreseídos con su fallecimiento, aunque quedan los de sus familiares.