La diferencias en la fiscalidad municipal del automóvil siguen mostrando diferencias abismales, manteniendo un año más "paraísos fiscales" en los que empadronarse puede ahorrar cientos de euros, ya que Las diferencias pueden alcanzar hasta un 900% si el automovilista está empadronado en alguno de los 25 paraísos fiscales localizados los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en su último estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil, que ha contabilizado que se recaudarán en las arcas de los consistorios 3.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM).

El informe subraya las grandes diferencias de fiscalidad existentes entre los municipios españoles y pone como ejemplo que un automovilista donostiarra paga un 51% más por el IVTM que un madrileño, pero uno domiciliado en Tenerife abona más del doble. En concreto, Así, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en San Sebastián 89,25. Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife. En el caso de las motocicletas la situación es similar. Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo, en Vitoria este mismo vehículo paga 86,72 euros, un 472% más caro.

Entre los ayuntamientos más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña. (Ver cuadro adjunto). De las 52 capitales de provincia, Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han subido este año las tarifas, mientras que Almería, Huesca y Valladolid las han bajado. El resto las han mantenido, teniendo en cuenta que en siete capitales ya se cobraba desde hace años el máximo permitido por la ley.

Según la AEA, las diferencias de tarifas no solo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos más pequeños de una misma provincia. Así, por ejemplo, la tarifa que cobran los municipios madrileños de La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona. Por ello, el informe ha detectado un éxodo creciente de automovilistas hacia esos “paraísos fiscales”. Un hecho que ha motivado que "numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios, en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del 'numerito' por el ingreso que reciben por el impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población", señala esta asociación..

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de los turismos; de la cilindrada, en el de las motos; y del peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, existiendo una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra. La ley permite a los ayuntamientos incrementar las cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas. También permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años.

La ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en ocho de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA. También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.

La consecuencia de esta facultad "discrecional" que se da a los ayuntamientos es "la creación en España de verdaderos paraísos fiscales en relación con el pago de un impuesto al que están obligados cerca de 38 millones de contribuyentes". De este modo, el estudio señala que el origen de este fenómeno "se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad".

Tal es el caso de diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria) -con una población de entre 600 y 15.000 habitantes- en los que se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 244.921 turismos sobre un total nacional 694.559 unidades.

Otro dato de récord es que 25 ayuntamientos cuentan con un índice de matriculación superior al de EE UU o Japón, ya que el número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de los países señalados, como es el caso del municipio madrileño de La Hiruela, con 88 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 69 vehículos por habitante.

Los municipios considerados “paraísos fiscales” en el informe de AEA son los siguientes: La Hiruela (88 habitantes), Las Rozas de Puerto Real (579), Patones (617), Venturada (2.622), Robledo de Chavela (4.818), Navacerrada (3.311), Moralzarzal (14.772), Collado Mediano (7.722) y Brunete (11.287), en la Comunidad de Madrid; Sarratella (113), en Castellón; Aguilar de Segarra (292), Rajadell (597) y Les Cabanyes (1.060), en Barcelona; Escorca (199), en Mallorca; Retascón (77), en Zaragoza; Tejeda (1.806) en Las Palmas; Montejaque (945) y Macharaviaya (518), en Málaga; Puebla de San Miguel (53) y Castielfabib (284), en Valencia; Benidoleig (1.245) y Finestrat (9.919), en Alicante; Cañada de Calatrava (99), en Ciudad Real; y Bràfim (697) y Figuerola (342), en Tarragona.