Planas y Montero "torean" a los agricultores al cambiar las condiciones de las ayudas por las inundaciones

Morante de la Puebla reapareció ayer en Sevilla después de su “no retirada” de los ruedos anunciada en Madrid en octubre del año pasado. Y hoy puede considerase que comienza de verdad la precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía de mediados de mayo, en la que van a tener un papel protagonista dos consumados maestros en esto de “torear” a los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma y de Extremadura, los diestros sanchistas, Luis Planas, ministro de Agricultura, y María Jesús Montero, la antigua ministra de Hacienda y ahora candidata del PSOE, aunque más bien habría que decir del Partido Sanchista, en esos comicios.

Todo arrancó con el tren de borrascas y el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el 17 de febrero, que fue convalidado en la segunda decena de marzo en el Congreso de los Diputados, por el que se establecían ayudas para los agricultores y ganaderos de esas dos comunidades autónomas por un importe total de 2.874 millones de euros, de las que más de 2.100 millones serían directas.

Estos apoyos despedían ya entonces un marcado carácter electoral, dada la proximidad de la cita con las urnas en Andalucía. En aquel momento desde el gobierno, con carácter general, y especialmente la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, “la niña del retorno”, y Luis Planas “el Romanones”, vendieron que los agricultores y ganaderos afectados por el tren de borrascas no tendrían que hacer papeleo para conseguir las ayudas correspondientes, que se fijaron entre 5.000 y 25.000 euros, porque las recibirían de oficio. Sin embargo, pocos días después, el 27 de febrero, por una orden ministerial firmada por Planas, ya se abrió la puerta a cambios en el Real Decreto, que se consumaron mediante otra orden publicada el sábado 28 de marzo. El resultado de estos cambios es que los agricultores y ganaderos que estén en las zonas afectadas, delimitadas por el Gobierno, sí tendrán que hacer papeleo y además deberán demostrar que han sufrido daños.

Entre las promesas realizadas por la “niña del retorno y “el Romanes” figuraba también que la lista de beneficiarios se conocería antes de que acabase marzo y que el dinero llegaría al bolsillo de los destinatarios antes de que finalizase abril. Lo primero se ha cumplido a medias, porque, aunque es verdad que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hizo pública una primera lista de más de 140.000 beneficiarios el pasado lunes 30 de marzo, todavía falta por aparecer alguna relación más, por lo que la promesa no se ha materializado del todo. La segunda parte, la de cobrar en abril, todavía está por ver. Pero más importante que lo anterior es que los beneficiarios deberán realizar papeleo, algo que no es lo prometido.

De entrada, los agricultores tendrán que aceptar la ayuda asignada, lo que además implicará la realización de una declaración responsable por la que se garantiza que los daños que se han registrado en su explotación son superiores a la cantidad asignada. Esto último tiene dos consecuencias: la posibilidad de que se realicen inspecciones en el futuro y haya que devolver las ayudas y la necesidad de demostrar que ha habido daños y su importe. Y aquí llega uno de los principales problemas: ¿cómo se acredita la existencia de esos daños y el montante al que ascienden los mismos?

Las organizaciones agrarias de Andalucía y Extremadura han puesto el grito en el cielo ante la situación de inseguridad jurídica que se ha creado y así lo expondrán en la reunión que ha convocado hoy el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati García-Manso, conocido en este departamento como “el desenterrador”, por el papel fundamental que tuvo en la operación para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Allí se espera que Planas “el Romanones” y su equipo proporcionen las informaciones oportunas para clarificar la situación y, sobre todo, justifiquen los cambios que mediante órdenes ministeriales se han introducido en una norma de rango superior como es el Real Decreto Ley de mediados de febrero.

El Conde de Romanones, un importante político que lo fue todo menos Rey en el primer tercio del siglo pasado, siempre sostuvo una máxima: “dejad que ellos hagan las leyes, mientras me dejen a mí hacer los reglamentos”. Ahora, cien años después, Luis Planas parece haber hecho suya esta afirmación y ha cambiado lo que habían prometido en un principio. Pero esta apuesta puede salir cara a María Jesús Montero y al PSOE en las elecciones, a poco que los del PP y de Vox se enteren de qué va el asunto y hagan suyo el malestar e los agricultores y ganaderos.