Portugal culmina con la venta de TAP su privatización más difícil

A falta de que Bruselas dé luz verde a la operación, Portugal culminó hoy su privatización más difícil con la venta de la aerolínea estatal TAP, operación defendida a ultranza por el actual Gobierno conservador y criticada tanto por la oposición de izquierdas como por los trabajadores.

Después de dos intentos fallidos para desprenderse de la compañía, en 2000 y 2012, será finalmente el brasileño-estadounidense David Neeleman, propietario de la compañía Azul -considerada la tercera más importante de Brasil-, su nuevo propietario, y afrontará el reto de superar las actuales dificultades financieras que atraviesa.

El consorcio formado por éste y el empresario portugués Humberto Pedrosa presentó una oferta en 354 millones de euros, valor que puede ascender hasta 488 millones en función de los resultados de TAP en 2015 y a los que se suma la incorporación de 53 nuevos aviones.

De los 354 millones de euros iniciales, apenas 10 millones irán a las arcas del Estado y el grueso (338 millones) se destinará a la recapitalización de la empresa, cuyo pasivo supera los mil millones de euros.

Con esta operación, el Estado portugués se desprende del 66 % de sus acciones del grupo TAP -aunque un 5 % están reservadas a los trabajadores-, que además de la aerolínea también incluye una empresa especializada en manutención e ingeniería en Brasil y la firma de gestión de carga y equipajes Groundforce.

El Estado conserva por el momento una participación del 34 %, pero si el comprador cumple todos los requisitos, podrá venderle este paquete en los dos años siguientes a la firma del contrato a un precio máximo de 140 millones de euros.

La propuesta de Neeleman y Pedrosa venció a la presentada por el magnate colombiano-brasileño Germán Efromovich, dueño de la aerolínea Avianca.

Efromovich había intentado hacerse con el control de TAP en 2012, cuando la única oferta que llegó en la última fase fue la suya, aunque entonces el Ejecutivo optó contra pronóstico por aplazar la venta, debido a la "falta de garantías".

Ya en el 2000 fue acordada la venta de un 34 % del grupo a la suiza Swissair, pero un año más tarde el pacto fue cancelado y echó al traste la operación.

La privatización anunciada hoy depende del visto bueno de la Comisión Europea, debido a que las reglas comunitarias impiden que compañías aéreas con sede en la UE sean controladas en más de un 50 % por un propietario no europeo.

Precisamente por este motivo, Neeleman se alió con Pedrosa para crear un consorcio en el que el empresario portugués representa el 50,1 % del capital, con la intención de respetar así la normativa de Bruselas, que ahora deberá pronunciarse.

El resultado del concurso fue considerado un "éxito"por el secretario de Estado de Transportes, Sérgio Silva Monteiro, quien defendió una vez más que la privatización era la única alternativa para asegurar el futuro de TAP sin tener que desmantelarla debido a que la UE prohíbe las ayudas públicas a la compañía.

Los socialistas -líderes de la oposición- se mostraron contrarios a una venta que consideran contraria al interés nacional, mientras que comunistas y marxistas la calificaron de "crimen"y "traición", y recordaron que el Estado apenas ingresará 10 millones de euros, cuando sólo por la compra de Portugalia en 2007 ya pagó 140 millones.

Este cruce de declaraciones refleja el nivel de crispación generado por este debate, ya que TAP es vista como un símbolo nacional.

Las huelgas convocadas por los sindicatos de la aerolínea llegaron a ser contestadas por el Ejecutivo incluso con una "intervención civil"las pasadas Navidades, y la semana pasada un tribunal decretó la suspensión cautelar de la privatización por un defecto de forma, aunque el recurso del Gobierno dejó sin efecto la medida.

TAP opera desde 1945, cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas y una flota de 77 aviones, transporta anualmente a más de 11 millones de personas y vuela a 88 destinos en África, Europa y América.

La privatización se suma a una larga lista de ventas en la última legislatura, en la que el Estado luso vendió sus participaciones en empresas como Energías de Portugal (EDP), Redes Energéticas Nacionales (REN), la concesionaria de aeropuertos ANA o Correos de Portugal (CTT), hasta sumar un encaje superior a los 9.000 millones de euros. Óscar Tomasi/EFECOM