Puigdemont debía dos pagas a los funcionarios a los que pidió rebelarse

La Generalitat no ha abonado las extras de Navidad de 2013 y 2014 que quitó a sus empleados públicos

Desde que fue investido presidente de Cataluña el 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont asumió que su principal y casi única meta consistía en llevar a esta comunidad a la independencia. Por el camino quedaron problemas que fueron orillados en pos del que siempre consideró el bien superior de su mandato. Entre los asuntos que se metieron en el cajón están las pagas extra de Navidad que la Generalitat quitó a los funcionarios autonómicos en 2013 y 2014 y que, junto al 20,76% de la de 2012, todavía no ha abonado. Eso, a pesar de que el Gobierno catalán ha tratado de instrumentalizar al colectivo en beneficio propio llamándole a la desobediencia contra el Estado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El monto que el Ejecutivo regional adeuda a sus empleados ronda los 640 millones de euros. A los 160.000 afectados se les debe una cantidad media de 4.000 euros.

La eliminación de la paga de 2012 que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy se extendió a todos los funcionarios que había entonces en España, tanto estatales como locales y autonómicos. Fue suprimida por aplicación del decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. En Cataluña, sin embargo, la supresión de las pagas se extendió a 2013 y 2014 –excepto para los funcionarios de Justicia, que se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial– dada la situación crítica que vivían sus finanzas. Con déficits del -2,15% y del -2,66%, respectivamente, en esos años, el Ejecutivo catalán tuvo que hacer más recortes para equilibrar sus cuentas y pedir ayuda al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que le ha suministrado desde entonces 63.000 millones de euros. Entre los ajustes, incluyó otro bocado a los salarios de sus funcionarios, que recortó un 5%.

Aunque la previsión era devolver la paga a los funcionarios cuando fuera posible, en el caso de Cataluña, ya han transcurrido casi tres años desde que se aprobó la última supresión y la Generalitat todavía no ha abonado ni las extras de 2013 y 2014 ni el 20,76% de la de 2012, según explican desde el sindicato CSIF. El motivo alegado sistemáticamente por la Generalitat es que, a pesar de los ingentes recursos que le ha inyectado el FLA, no hay dinero en la caja. Y cuando parecía que había recursos, el «procés» se cruzó en el camino de los funcionarios. «En la última reunión de la Mesa de la Función Pública que tuvimos antes de verano, nos dijeron que nos abonarían lo que resta de la paga de 2012 en el primer trimestre de 2018. Pero ahora, tras las elecciones autonómicas, no sabemos qué va a pasar», explican estas fuentes, que añaden que el Ejecutivo catalán entonces presidido por Puigdemont no les había planteado fecha alguna para recuperar las pagas de 2013 y 2014.

Los funcionarios han sido objeto de fuertes presiones políticas en los últimos meses a causa del «procés». La situación de ilegalidad en la que se instaló el Gobierno de Puigdemont les colocó en una complicada tesitura que tuvo su punto culminante días antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El que entonces era consejero de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva, conminó al colectivo a desobedecer las órdenes del Gobierno central. Romeva aseguró que, en caso de aplicación del 155, los funcionarios «continuarán siguiendo las instrucciones de las instituciones legítimas y democráticas actuales». El colectivo, sin embargo, hizo caso omiso al llamamiento. «Nadie les hizo caso. Nadie se iba a jugar su empleo por una aventura que no iba a ninguna parte», añaden las fuentes.