«Si esta acusación me lleva a una condena, que venga Dios y lo vea»

El abogado laboral Ricardo Pradas, que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones de la cúpula de Novacaixagalicia (NCG) –la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixa Nova–, defendió ayer la legalidad de las cláusulas de estos contratos durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra la ex cúpula de las cajas gallegas. El abogado de la entidad, que está acusado por cooperar en los supuestos delitos, fue el primero en prestar declaración, ayer, durante más de tres horas de interrogatorio.

El abogado insistió al fiscal Anticorrupción en que su única competencia era revisar las cláusulas de los borradores de los contratos y ofrecer asesoramiento tras la fusión de ambas entidades. Según el acusado, las liquidaciones de la prejubilación cobradas no suponen una cláusula blindaje, sino una renta diferida en el tiempo. «Sigo defendiendo que las liquidaciones de prejubilación no son una cláusula blindaje. Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea», enfatizó el asesor laboral de NCG. La fusión de las dos cajas gallegas, que se acordó el 11 de mayo de 2010, causó preocupación en la entidad por el futuro de sus directivos y empleados, explicó el abogado. En este sentido, aseguró que ese hecho permitía que se diera la «concurrencia de la causa» necesaria para que los altos directivos pudieran solicitar su prejubilación.

Los contratos antiguos de los acusados contemplaban la posibilidad de prejubilarse en el caso de que concurriese una causa extintiva por la que la entidad modificara su naturaleza jurídica, un cambio que en el caso juzgado es de «libro», explicó el acusado. Todo sin necesidad de cumplir un tiempo mínimo de horas trabajadas ni haber superado los 55 años. Por estas razones, el abogado consideró legal que los acusados pudieran desistir, ya que entre ellos existía la «incertidumbre» e «inquietud» por el «futuro que iba a depararles» la nueva entidad.

Según Anticorrupción, los tres ex directivos de Caixanova acordaron en mayo de 2010, «movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección», lo que les garantizaba, «una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras».

Pradas redactó a petición del ex copresidente, Julio Fernández Gayoso, las nuevas cláusulas, que se ocultaron a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración. Además, quedó acordada la subscripción de García Paredes a otro. Ante el conocimiento de la «inminente bancarización» y tras la redacción de las nuevas claúsulas, Pradas explicó, «de forma extemporánea» los cambios a la Comisión de Retribuciones. Después, el Consejo declaró vigentes los antiguos contratos y aprobó la provisión, bajo la creencia de que los conceptos retributivos para los directivos eran los mismos que para el resto de la plantilla y de que no existían cláusulas blindaje, infringiéndose así las limitaciones en materia de indemnizaciones asumidas por NCG frente al FROB.