Ultimátum de la UE a las regiones para que quiten la tasa a los grandes comercios

La Comisión Europea sigue acorralando a las autonomías que aplican la tasa a las grandes superficies comerciales. En una carta remitida al Ejecutivo español el pasado 26 de febrero, el director de ayudas estatales comunitario, Gert-Jan Koopman, ha dado un ultimátum a las seis regiones que las aplican –Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La Rioja y Canarias– para que las eliminen o las modifiquen antes del 31 de marzo. Si no lo hacen, se verán casi con toda seguridad obligadas a devolver el monto de las mismas con carácter retroactiva –se calcula que recaudan unos 100 millones de euros al año– por ser consideradas una ayuda de Estado. Según advierte la misiva, pasada esa fecha, la Comisión Europea abriría una investigación formal cuyo resultado «lo más probable es que sea negativo, con la consecuente orden de recuperación para la ayuda concedida en el pasado», según reza la misiva de Koopman a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La carta fue enviada con anterioridad a la reunión que el pasado martes funcionarios de la Comisión mantuvieron con representantes de las comunidades afectadas en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el encuentro, Bruselas transmitió la misma idea ya adelantada en la carta a las comunidades autónomas, lo que les deja poco margen de maniobra.

Segundo aviso

Como informó LA RAZÓN en su edición del pasado 15 de enero, la Comisión ya envió otra carta al Gobierno en la que ya le rogaba «encarecidamente» la supresión o modificación de la tasa. Sin embargo, el tono de esta segunda misiva es más contundente y urge a las comunidades a modificar ya la norma o a eliminarla.

La tasa denunciada grava con diferentes tipos que oscilan entre los 2,4 euros por metro cuadrado hasta los 17,49 euros a aquellos establecimientos comerciales que tienen una superficie superior a los 2.000 o 2.500 metros cuadrados. La justificación para aplicar el impuesto es, según estas regiones, reparar los daños ambientales que causan estos centros. Sin embargo, como recuerda la Comisión, esas exenciones «no han sido justificadas dentro de los objetivos medioambientales o de desarrollo urbano en los que encuentra su justificación» la tasa. Bruselas considera que exonerar a los pequeños comercios del impuesto es «equivalente a la concesión de una ayuda de Estado. Numerosos comerciantes que están por debajo del umbral de superficie establecido por las diferentes comunidades, así como los dueños de ciertos comercio especializados en ciertas categorías de comercios exentas, son beneficiarios potenciales de ayuda estatal», advierte la carta. La consecuencia de no retirar la tasa podría ser, por ello, la generalización de la misma a todos los comercios, con el consiguiente perjuicio económico para los locales más pequeños.

La polémica tasa ha llegado hasta Bruselas después de que el Tribunal Supremo la avalase. Fue tras esa decisión cuando la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), gran promotora de la cruzada contra esta tasa, presentó una denuncia ante el Gobierno comunitario aduciendo que la discriminación impositiva podría constituir una ayuda estatal ilegal a los pequeños comercios.