Un impuesto contraproducente

El PSOE propone crear un nuevo tributo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, los expertos aseguran que se trata de una subida de la carga fiscal camuflada que terminarían soportando la clase media y los pensionistas.

Cuatro pensionistas están sentados en torno a una mesa con tapete, echando un mus. Pasan a grande, a chica, también a pares, y no cantan juego. Parecen desanimados. De repente, no es un envite lo que centra su atención, sino el órdago que lanza uno de los jugadores. «Si ganan los otros no habrá pensiones», clama. Destapan las cartas y comienzan a dialogar.

Las pensiones son un arma arrojadiza en el debate político, ya que no se pueden ganar unas elecciones teniendo en contra a los jubilados, quienes son capaces de decidir con su voto el resultado de las urnas y tienen muy concentradas en el futuro del sistema sus preferencias políticas. De los más de 34,5 millones de electores residentes en España, el 24,6% tiene más de 65 años. Y, según cálculos realizados, más del 23% de los electores en nuestro país son pensionistas.

El próximo 26 de junio estará en juego el voto de 8,5 millones de pensionistas. Y las propuestas políticas oscilan entre quienes, como el PSOE, abogan por crear un impuesto para sostener el sistema y quienes, como el PP, defienden medidas de creación de empleo que aumenten la base de cotizantes. Las cuentas no cuadran, por lo que ningún candidato puede dejar de lado el futuro de un sistema que supone la tranquilidad y bienestar de quienes llevan media vida deslomándose para disfrutar de una jubilación holgada. Las promesas de la izquierda son antagónicas a las del Gobierno en funciones, pero quizás estén condenados a entenderse tras la cita con las urnas.

En el debate vigente sobre cómo sufragar las pensiones, el PP rechaza la propuesta socialista de subir impuestos y considera que creando empleo no sería necesario incrementar la carga fiscal en unos 3.500 millones de euros al año. Los populares reiteran que una subida de impuestos va en contra de la sostenibilidad del sistema y que alcanzar los 20 millones de ocupados sería la solución.

Desde Ciudadanos tampoco ven con buenos ojos la propuesta de financiar las pensiones mediante una tasa específica y consideran que esta medida se traduciría en un aumento de los impuestos. Unidos Podemos, por su parte, aceptaría la creación de un impuesto específico «en circunstancias extremas», aunque reconocen que la verdadera solución pasa por crear empleo y mejorar los salarios. Los sindicatos piensan que la propuesta socialista va en la dirección correcta, y que el Pacto de Toledo debe acordar diversificar sus fuentes de financiación, ya que creen difícil mantener saneada la Seguridad Social con el bajo nivel salarial actual.

Disparate socialista

Daniel Lacalle explica que el PP sugiere un modelo que refleja la longevidad y sustenta su viabilidad en la creación de empleo y riqueza para suplir con más ingresos la inversión de la pirámide poblacional. «El PSOE propone un disparate, que reducirá el consumo y el crecimiento potencial de la economía». Además, recuerda que el impuesto que crearían si gobernaran lo terminarían pagando también los pensionistas. «Es delirante. Se trata de un sistema fallido allí donde se ha aplicado», agrega.

El director de inversiones de Tressis Gestión considera que el error de la izquierda es plantear el problema desde un punto de vista recaudatorio y que si no se pone como pilar central el crecimiento se terminarán recortando las pensiones. Lacalle recuerda que fue el PSOE quien las congeló y resalta que la manera de poner en peligro el sistema es mediante escollos a las empresas y familias, que frenan el crecimiento potencial del consumo y su consecuente creación de empleo. Y si los socialistas dicen que el impuesto lo pagarían los ricos, «mienten. La recaudación de impuestos a grandes empresas y fortunas no es suficiente para garantizar las pensiones. A quienes más afectaría este impuesto es a las clases medias y a los propios pensionistas», apostilla Lacalle.

El IRPF tiene tipos progresivos y un relevante mínimo exento, pero la contribución francesa –modelo que pretenden imitar los socialistas- se aplica al 97,5% de la renta. En otras palabras, los trabajadores y pensionistas de rentas bajas, que ahora no pagan este impuesto, tributarían. Fuentes consultadas aseguran que «bajo el engaño de «proteger las pensiones, el PSOE pretende colar una subida de la carga fiscal que aumentará la pobreza». Es más, del programa socialista se desprende que para garantizar la sostenibilidad del sistema no habría rebaja de cotizaciones sociales, como demandan los empresarios. Sin embargo, la viabilidad no pasa por crear un impuesto específico. Y es que el problema es el déficit estructural y los gastos serán superiores a los ingresos de forma sistemática durante los próximos años. Por ello, se requieren incentivos para que se genere una riqueza con la que sufragar este desfalco.

«Creando un impuesto se destruye riqueza, por lo que empeora el problema». Así, resulta evidente que la mejor medida para garantizar el futuro del sistema e ir corrigiendo poco a poco el déficit que sufre la Seguridad Social es la creación de empleo productivo, ya que la caja sólo engorda si hay más trabajadores con mayores salarios. No obstante, Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, piensa que «no queda más remedio que financiar el sistema vía impuestos. La estructura piramidal hará inviable financiarlo a través de cotizaciones. Si se defiende un sistema público de pensiones hay que valorar la posibilidad de financiarlo a través de impuestos».

Lucha partidista

El problema de las pensiones es uno de los más graves que tiene nuestro país, por lo que debería ser uno de los temas centrales de la campaña electoral. Ahora bien, Sandalio Gómez, profesor del IESE, alerta de que a los políticos no les gusta retratarse en exceso ante los problemas importantes y se quedan en una ambigüedad permanente, porque temen perder votos. «Prefieren descalificar al oponente sin aportar alternativas razonables». Así, si la campaña se plantea de forma constructiva será uno de los centros de debate político, pero «si se tiende al populismo y a la demagogia no se entrará a fondo y se convertirá en un arma arrojadiza sin concreción ni razonamiento que lo sustente».

Dado el enorme caladero de votos que constituye el colectivo de los pensionistas, la tentación de convertir las pensiones en una baza electoral es enorme. Gómez sostiene que deberían tratarse en base a un gran acuerdo político que las saque de la lucha partidista. Lacalle, por su parte, opina que los políticos usan el miedo de los mayores y que, ideológicamente, utilizan las pensiones de manera torticera. «La izquierda ignora la realidad económica y demográfica. Se obsesiona con aumentar de manera agresiva la inflación, ¿pero de qué sirve que te suban la pensión un 3% con una inflación del 6%?». El economista explica que en este caso se trataría de una bajada del 3% e indica que en otros países, como Alemania o Reino Unido, las pensiones no se incluyen en el debate electoral.

Los políticos son capaces de envolver la realidad y agradar tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, mediante planteamientos «imposibles e incluso verdaderos disparates». Gómez revela que en el sistema de reparto no caben demasiadas especulaciones, y que la fecha de la quiebra dependerá del comportamiento de las variables claves. El profesor del IESE piensa que hay que plantearse el problema de raíz y propone algunas soluciones. En primer lugar, señala la necesidad de impulsar el crecimiento y la creación de empleo, lo que ensanchará la base de cotizantes. De igual modo, sugiere favorecer la creación de sistemas privados de capitalización que complementen las pensiones públicas y acerquen el importe de las prestaciones a la capacidad y decisión de ahorro de las personas durante su vida activa. En este aspecto, apunta hacia algunas fórmulas ingeniosas a nivel de empresa, como la «mochila austríaca». También remarca la conveniencia de actualizar la edad de jubilación por encima de los 65 años, de hacer voluntaria la jubilación en determinados supuestos, de ofrecer facilidades al que quiera continuar trabajando -reduciendo o eliminando los impuestos que soporta- y de hacer compatible la posibilidad de cobrar una parte de la jubilación y seguir en activo –los pensionistas que a la vez trabajan se han triplicado en solo dos años-. Pero «ninguna de estas medidas es posible si no se logra un gran acuerdo nacional entre los principales partidos que aborde las pensiones como un problema de Estado, por encima de la demagogia», sentencia.

Modelo fallido

Mientras que según informaciones publicadas por algunos medios el impuesto que propone el PSOE para financiar las pensiones recauda casi 90.000 millones en Francia, expertos consultados por LA RAZÓN aseguran que en aquellos países donde se ha aplicado este «recargo solidario» las prestaciones se han congelado, e incluso han llegado a rebajarse. Lacalle destaca que «el del PSOE es un planteamiento recaudatorio que pone el foco en crear un impuesto que supla la diferencia entre los ingresos y los gastos». El economista alega que es un modelo copiado del francés, y que en Francia llevan recortando las pensiones desde 1996. «Es un modelo que perpetúa los desequilibrios. Aumenta la presión fiscal sobre familias y empresas, que son las que tiran del consumo y las que pueden hacer que haya más empleo. No garantiza la sostenibilidad del sistema», agrega. Asimismo, recuerda que en Francia estimaban que la recaudación lograda mediante este impuesto compensaría el déficit del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, «no se han alcanzado ni la mitad de las estimaciones de recaudación vía impuestos que habían realizado los gobiernos galos de distintas ideologías», remarca.