Necesarios incentivos para la economía

Ayer se hicieron públicos unos datos demoledores sobre las matriculaciones de vehículos que, no por anunciados, han venido a confirmar que uno de los sectores motores de nuestra economía –10% del PIB– está sufriendo con crudeza la recesión producto de la pandemia. Entre mayo de 2020 –en pleno confinamiento– y este último mes de enero la caída de ventas ha sido de 41.966 unidades –86.442 unidades contabilizadas en enero de 2019–, lo que supone un 51,5% menos. Hay otros factores que han afectado, en mayor o menor grado, a este descenso, además de los efectos de la Covid-19 en la economía, reducción de la producción y paralización de muchas empresas como la renovación de los ERTE evidencia, como la subida del impuesto de matriculación, el fin del plan Renove –incluso sin haber gastado el 80% de estos fondos– o la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la homologación europea de emisiones WLTP. Es cierto que estos factores han coincidido con la pandemia, por lo que el Gobierno no puede acogerse solo a los fondos procedentes de Europa, de ahí que sea necesario que pongan en funcionamiento planes de ayuda para determinados sectores que se encuentran en el colapso. A pesar de que el pasado 1 de diciembre el Banco de España alertó de que un 40% de las empresas españolas estarían sometidas a una presión financiera –no podrán amortizar deuda– que las hacen inviables y que un 10% desaparecería, el Gobierno, a través de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no contempla ayudas directas. Otra cosa es lo articulado a través del ICO, que movilizó, entre marzo y noviembre de 2020, 100.000 millones de euros. La situación que prevé el banco supervisor es que muchas empresas no podrán hacer frente al pago de los intereses y en un futuro no lejano no tendrán rentabilidad alguna. Con retraso injustificado y cuando muchos negocios no han podido mantenerse, el pleno del Congreso debate hoy un plan de choque propuesto por el PP para la hostelería, con medidas como la reducción del IVA aplicado al sector, restauración y resto de empresas turísticas al 4%, un Plan Renove para financiar la adaptación de negocios a la situación de pandemia y ayudas directas al alquiler a autónomos y pymes. Los autónomos, un sector especialmente castigado por la Covid-19, que han criticado al Gobierno por su «insensibilidad» cuando aplicó el aumento de las cuotas sociales que se habían pactado en 2018, sin tener en cuenta la situación actual ante unas pérdidas que se calculan en 60.000 millones de euros en 2020, esperan que se revise la política fiscal o que mientras esté vigente el estado de alarma no se paguen impuestos, algo que hoy estará en el orden del día del Congreso aunque sin visos de que salga adelante.