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El juez ordenará detener a una decena de empresarios del 3% tras el 27-S

El juez ordenará detener a una decena de empresarios relacionados con la trama de Convergència tras el análisis de la información que la Guardia Civil se incautó en los registros de CDC, CatDem y el ordenador del ex tesorero

El juez ordenará detener a una decena de empresarios relacionados con la trama de Convergència tras el análisis de la documentación incautada en los registros

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Las investigaciones que realiza la Guardia Civil sobre el asunto del 3 por 100 que tenían que pagar las empresas a la Fundación CatDem, vinculada a Convergència Democrática de Cataluña (CDC), podrían conducir a nuevas detenciones que, por la marcha de las pesquisas, resulta difícil que se produzcan antes de las elecciones autonómicas en Cataluña, el próximo día 27.

Los arrestos, al menos una decena, deberán ser ordenados por el juez de El Vendrell que lleva el asunto, una vez que los agentes de la Benemérita presenten el correspondiente atestado. Asimismo, están previstos una treintena de registros.

Tanto las detenciones como las otras diligencias están, lógicamente, pendientes de que se examinen todas las evidencias que obran ya en poder de los investigadores y que se puedan abrir los archivos borrados que, tal y como adelantó LA RAZÓN, fueron detectados en el ordenador del que fuera tesorero de la fundación y del partido, Daniel Osácar.

A este respecto, fuentes conocedoras del asunto han señalado a este periódico que las investigaciones se están realizando al ritmo que precisa un tema, que requiere múltiples gestiones, ya que se debe comprobar que las donaciones que se realizaron a la CatDem, lo fueron realmente como «pago» por la concesión de obras licitadas por la Generalitat o instituciones gobernadas por CDC.

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A este respecto, subrayaron la importancia de no establecer conclusiones, al margen de las investigaciones que realiza la Guardia Civil dirigidas por el juez de El Vendrell, por supuestas coincidencias entre las concesión de obras y las donaciones a la fundación.

Las detenciones, como suele ocurrir en estos casos, consisten en la toma de declaración del arrestado en función de las evidencias que los investigadores tienen contra él y, si el juez así lo ordena, su puesta en libertad sin cargos o con algún tipo de imputación.

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Es normal (en otras causas de corrupción ha ocurrido así) que la persona arrestada, además de tratar de aclarar las razones por las que realizó la donación, aporte nuevos datos que permitan a los agentes continuar con las pesquisas.

En cualquier caso, y de ahí la conveniencia de no establecer conjeturas, hay que probar que la entrega de dinero a CatDem fue una contraprestación a la concesión de la obra y aportar todas las pruebas al juez. La persona que hizo la donación siempre tiene la defensa, salvo en casos flagrantes, de escudarse en que era eso, una donación y no es factible establecer una relación causa efecto. Si las evidencias contra él son irrefutables, no lo podrá hacer.

Otro asunto que está por determinar es el de la persona o personas que hacían las primeras gestiones con las empresas que se iban a beneficiar de la concesión de las obras para indicarles que debían ingresar en CatDem el 3 por 100 del montante del presupuesto que, en cualquier caso, se entregaba una vez firmado el contrato.

Informaciones publicadas por LA RAZÓN dan cuenta de las denuncias que en los últimos meses han realizado empresarios ante las Fuerzas de Seguridad, algunas de las cuales están judicializadas, en las que revelaban datos concretos sobre qué personas del ámbito de la administración autonómica o instituciones, todas ellas gobernadas por CDC, les habrían exigido el pago del 3 por 100. Algunas de las reuniones se celebraron, según las denuncias, incluso en despachos oficiales de las personas que estaban al frente de esas entidades.

Todos los datos que se han obtenido hasta ahora indican que nos hallamos ante una auténtica trama organizada para el cobro del 3 por 100, lo que conllevaría que una o varias personas estarían al frente de la misma. Es impensable que las instrucciones para el cobro del «IVA secesionista» se trasmitieran por vía escrita o por correos electrónicos, lo que hace sospechar que eran personas, con la suficiente autoridad dentro del entramado convergente, las que se encargaban de realizar las gestiones.

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La fiscalía pide más testigos en la causa del 9-n

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite a declarar a cuatro nuevos testigos en el marco de la investigación por desobediencia a Artur Mas por su papel en la consulta soberanista del 9-N. Los fiscales del caso, Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, piden al instructor de la causa que comparezcan la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire) –encargado de la elaboración de las papeletas–, el administrador de la empresa Focus (por un encargo relacionado con el centro de prensa del 9-N), un asesor de la Conselleria de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat (por la gestión de la web «participa2014.cat») y el responsable de la coordinación de incidencias informáticas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, informa Ep. El objetivo de la Fiscalía es «completar la imagen del cuadro de actuaciones públicas desarrolladas» en la consulta soberanista, que se celebró pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional tras el recurso planteado por el Gobierno.