El pederasta vuelve a la «zona Candy»

Antonio Ortiz ha sido trasladado a Madrid desde la prisión de Herrera de la Mancha de cara al juicio que arranca este martes.

Ha pasado dos años bastante tranquilo, sin interactuar apenas con los funcionarios de prisiones de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) –a donde fue trasladado a los pocos meses de ingresar en preventivo–, ni siquiera con el preso encargado de llevarle la comida a su celda, ya que él ha estado todo este tiempo aislado.

Antonio Ángel Ortiz Martínez, conocido como «el pederasta de Ciudad Lineal», ha cumplido los 43 y los 44 años entre rejas manchegas. Sin embargo, hace unos días volvió a Madrid, a la comunidad donde se produjeron entre 2013 y 2014 las agresiones sexuales de las que está acusado. Y es que Ortiz ya espera en el centro penitenciario de Alcalá Meco, en Alcalá de Henares, la apertura del juicio oral que arranca este martes cuando, por primera vez, escucharemos su voz. Allí permanecerá, también aislado, durante el más de mes y medio que dure la vista oral, ya que está previsto que las sesiones se celebren todos los martes, miércoles, jueves y viernes hasta el próximo 15 de diciembre, cuando de nuevo Ortiz tendrá el último turno de palabra.

Será la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de juzgarle. Un tribunal acostumbrado a los juicios mediáticos, ya que, curiosamente, es el mismo que acaba de dictar sentencia por el caso Madrid Arena. Fue este organismo judicial el que prorrogó el pasado 19 de septiembre dos años la prisión preventiva para Ortiz, puesto que iba a cumplir el tiempo máximo que se puede estar en esta situación procesal según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un máximo de dos años en prisión preventiva y hasta cuatro para los delitos más graves. Si en ese tiempo no hay juicio, el investigado queda en libertad.

Desde la prisión de Alcalá, el llamado «pederasta de Ciudad Lineal» estará aprovechando para practicar su discurso, ensayar el tono o interpretar las emociones varias con las intentará convencer de su inocencia al juzgado, en la misma línea en la que lo lleva haciendo su abogado desde su dentención, en septiembre de 2014.

Aunque quienes han tratado con él le tachan de chulo, vanidoso y altivo –y así se desprende también de las conversaciones que mantenía por teléfono durante el mes previo a su detención, cuando tuvo el móvil intervenido–, en la Sala y delante de quienes tienen su libertad en la mano es probable que Ortiz imposte una actitud de víctima que, también es cierto, le servirá de poco.

La Fiscalía pide para él 77 años de prisión por cuatro delitos de detención ilegal, tres agresiones sexuales, una violación y dos delitos de lesiones a menores de entre 5 y 9 años en un periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014. Un mes y dos días después de esta última fecha, cuando atacó a su última víctima, fue detenido en Santander, adonde había huido sospechando ya que la Policía le había mordido. A pesar de esos 77 años, según el artículo 76.1 del Código Penal, el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena sería de 25 años al no superar ninguno de los delitos los 20 años de pena de cárcel. Según la Ley, agredir sexualmente a una niña de seis años, drogarla para que no se resista demasiado (con una dosis casi letal para la pequeña) y dejarla en tal estado como para quedar ingresada un mes en el hospital para reconstruirle los genitales, «cuesta» sólo trece años de privación de libertad por la agresión sexual, cinco por la detención ilegal y tres años por las lesiones. Es decir, que casi llega a los 25 años sólo con una de las víctimas. Ante estos hechos, parece que la segunda y la tercera víctima le pueden salir prácticamente gratis.

El Ministerio Público también solicita indemnizaciones de un total de 426.300 euros para las tres agredidas sexualmente. Esto es, 100.300 para la niña española de 9 años raptada el 10 de abril en las inmediaciones de la colonia San Juan Bautista, 150.900 para la pequeña de seis años de origen chino que jugaba a las puertas del comercio chino que regentaban sus padres de la calle Luis Ruiz; y 100.100 euros para la dominicana de siete años secuestrada el 22 de agosto en la calle Gomeznarro.

Las acusaciones particulares, por su parte, solicitan penas que van desde los 79 a los 126 años de prisión, al igual que la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor. La acusación popular que representa a la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención pide una condena de 120 años de cárcel.

Aunque nunca se ha escuchado de su boca, Ortiz siempre ha defendido su inocencia a través de su abogado. Sin embargo, hay pruebas que parecen concluyentes: la mayoría de las víctimas le reconocieron en las ruedas de reconocimiento y se encontraron restos de ADN en el llamado «piso de los horrores».

El ya conocido como «pederasta de Ciudad Lineal» siempre actuó en un radio de acción no muy lejos de su casa, situada en este distrito. Así, la «operación Candy», que dio nombre al trabajo policial para capturarle, acotó su investigación a este distrito, junto al de Hortaleza y Ciudad Lineal y San Blas.

Solía tener un «modus operandi» establecido, pero fue modificando con las últimas víctimas porque actuaba por impulsos. Hay pruebas de que al menos a una de ellas la llevó hasta el piso del número 3 de la calle Santa Virgilia, una vivienda en obras propiedad de su madre, donde se cree que abusó de varias, después de lo cual las duchó. De otras abusó en el interior de su coche.

Su abogado tiene un trabajo complicado, que es tirar por tierra las pruebas de la Policía. En el escrito de conclusiones provisionales defendió su inocencia y apuntó que Ortiz carece de antecedentes policiales como agresor sexual (sí pesan sobre él antecedentes por robo con violencia). Dos de sus principales bazas son pedir la nulidad del registro del «piso de los horrores», donde según el sumario permaneció durante varias horas la Policía Científica sin presencia de la secretaria judicial, y poner sobre la mesa un informe firmado por dos ingenieros de telecomunicaciones que no sitúan el móvil del pederasta en los lugares de las agresiones.