Los jueces critican el plan de Justicia para hacer frente al aluvión de nuevas causas: “Son medidas cosméticas”

El plan del ministerio de Justicia para hacer frente al aluvión de asuntos que se avecina, especialmente en los relativos a despidos, ERTEs, EREs y procesos de familia, que se plasmó en el Real Decreto de Agilización de medidas procesales, no convence lo más mínimo a las asociaciones de jueces y magistrados. Así, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura APM) denuncia que desconocen todo lo relativo a los “posibles planes, si es que existen, para recuperar el funcionamiento normal de la Administración de Justicia; mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) -segunda en representatividad- y el Foro Judicial Independiente (FJI) aluden a la falta de medidas concretas y reales para la necesaria reactivación de la actividad judicial. “Entendemos que las iniciativas adoptadas por parte del Ministerio tienen un marcado carácter cosmético y auguramos un pésimo desenlace si no se nos proporcionan medios para poder cumplir con nuestro compromiso constitucional con la ciudadanía”.

Así, la APM ha dirigido una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que expresan su queja por la “pasividad” y el “oscurantismo” en todo lo relacionado con las previsiones para recuperar el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, suspendido a raíz del decreto de estado de alarma, y, además, reprochan que las asociaciones judiciales no hayan sido convocadas a tal efecto. “No sabemos, ni siquiera por aproximación, cuando se alzará la suspensión de los plazos y si se podrán celebrar aquellas actuaciones procesales que ya están señaladas”, afirman en la misiva remitida a Campo.

Esto es lo que lleva a la APM a denunciar el “ lamentable” abandono” en que se encuentra la Administración de Justicia, un servicio público esencial en una sociedad democrática, frente a lo que sucede en el sector privado y en otros ámbitos de la Administración del Estado”. Por todo ello, piden al ministro que les informe “de manera inmediata de los planes que se estén desarrollando en atención a los diversos escenarios posibles y de las previsiones que se estén barajando a partir del próximo día 9 de mayo”, asi como que a la mayor urgencia, “y antes de la efectiva incorporación de los jueces y magistrados, se ponga a disposición de todos los que lo soliciten la posibilidad de efectuar los oportunos test para ver si están infectados o no del coronavirus. Y, además, que se implanten en todos los órganos judiciales las medidas de seguridad necesarias para la prevención de contagios y se garantice la dotación de equipos de protección individual en calidad y cantidad suficientes para atender las necesidades..

Por su parte, lLa Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) no dudan en afirmar que el plan aprobado por Justicia tendrá “graves consecuencias” para todos los profesionales y usuarios de la y no servirán en ningún caso para hacer frente al “colapso judicial” provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, ambas asociaciones, que representan a más de 1.200 jueces y magistrados, muestran su “preocupación” ante la “falta de medidas concretas y reales” del plan del Ministerio de Justicia que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros: “Entendemos que las iniciativas adoptadas por parte del Ministerio tienen un marcado carácter cosmético y auguramos un pésimo desenlace si no se nos proporcionan medios para poder cumplir con nuestro compromiso constitucional con la ciudadanía”, señalan al respecto.

Por ello, consideran del todo “imposible” hacer frente a ese colapso judicial al que nos enfrentamos “sin una inversión específica –siquiera temporal– en medios personales y materiales”. Si España ya cuenta con un número de jueces de 11 por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21 – y somos el cuarto país de la OCDE en litigiosidad, sostienen la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, “la situación de partida es tan 2 deficitaria, que una avalancha de reclamaciones consecuencia de la crisis derivada del COVID19, unida al necesario re-señalamiento de decenas de miles de actuaciones suspendidas durante los casi dos meses de estado de alarma que llevamos, será, simplemente, inasumible”.

“Parálisis judicial”

Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido al ministro de Justicia que informe en qué fase de la desescalada está prevista la reanudación del funcionamiento de los órganos judiciles, así como el alzamiento de los plazos procesales y la reincorporación del personal judicial. Y ello, afirma esta asociación, porque no puede “prolongarse la actual parálisis judicial”, por lo que es imprescindible que se vuelva a “poner en marcha” el sistema judicial".

En este sentido, recuerda que con la declaración del estado de alarma se ha producido la suspensión de la actividad judicial y que tal declaración implica "restricciones de derechos de los ciudadanos y actuaciones que pueden mermar sus intereses personales y económicos, “que precisan de una pronta respuesta judicial”