El Congreso urge a desclasificar la información secreta del 23-F, mientras que la ley del Gobierno sigue en el aire

ERC había forzado el debate en el Congreso de los Diputados con el objetivo de marcar el paso al Gobierno en uno de sus compromisos legislativos. El objetivo de los republicanos es el de desclasificar la información que permanece secreta sobre el intento del golpe de Estado del 23-F.

Mientras, por parte del Gobierno, la modificación de la ley continúa en el aire. El Ejecutivo se había comprometido a llevarla al Consejo de Ministros antes de que finalizase 2020, pero la irrupción de la pandemia cambió todo el plan normativo que pensaba desarrollarse en su primer año en Moncloa. En abril comenzaron los trabajos entre Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior para elaborar un proyecto tras descartar la propuesta del PNV que preveía la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a diez años con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”. Hasta ahora, según denuncian los peneuvistas la negociación sigue paralizada.

Así, ante la demora, ERC ha llevado al pleno la proposición no de ley citada que se ha saldado con su aprobación con 191 votos a favor, 152 en contra y una abstención. Los socialistas han presentado enmiendas junto a Unidas Podemos, que han sido aprobadas por parte de ERC.

Las enmiendas de los socialistas se basa en instar al Gobierno a “promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe de Estado del 23-F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación”.

Desde ERC, la diputada encargada de defender la iniciativa, Carolina Telechea, explicó que la presentación de esta se debía a la premisa de que “el relato de la modélica transición de la democracia ya no se lo cree nadie”. A su juicio, ese “falso relato construido en torno a los hechos del 23 de febrero de 1981” solo se sostiene por la Ley de Secretos Oficiales del Estado, “una ley predemocrática”, informa Ep.

Desde el PSOE, el diputado Valentín García vio necesario que el “Gobierno cambie la ley para conocer los documentos sonoros, escritos o gráficos sobre el 23- F”, y consideró que la actual legislación es “inadecuada”. En su opinión, “la ciudadanía tiene derecho a conocer todo lo que aconteció”, cuando han pasado cuarenta años, para “eliminar las zonas de sombra”. Desde el grupo confederal de Unidas Podemos, el diputado Roberto Uriarte defendió la iniciativa asegurando que no se trata de un “afán revanchista” y se preguntó sí sabemos “suficiente sobre el 23-F”.

Apoyo también desde Ciudadanos, su diputado Guillermo Díaz anunció una enmienda para “arrojar luz” sobre los episodios en los que una “facción de ERC se alió con Mussolini, o qué hablaron los hermanos Badia con los nazis, o las penas de muerte que firmó Companys”. Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí defendió que “la relación entre la democracia y la memoria es estrecha”. Mismo apoyo por parte de Bildu. Mertxe Aizpirua criticó que el Congreso " lleva años cubriendo la guerra civil, la lucha contra ETA e impide arrojar luz sobre el 23-F” y denunció que España es “el único Estado occidental en el que los secretos oficiales puedan ser eternos”.

Desde PNV, el portavoz Aitor Esteban criticó que haya pasado un año desde que se aprobara la toma en consideración de la proposición de ley de su partido para derogar la ley de secretos oficiales y denunció que se sigan “prorrogando los plazos” en su tramitación parlamentaria. Para su partido, lo ideal sería aprobar una nueva ley, aunque también aseguró que se podía hacer de manera puntual, e incidió en que “es simple y llanamente una decisión del Consejo de Ministros”