Ministerio de Justicia

29 jueces sancionados y 28 «exculpados»

La Razón
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La Inspección del Consejo General del Poder Judicial es uno de los servicios que tienen un papel relevante, pues sus visitas a juzgados y tribunales permiten analizar la situación de los mismos y, en caso de anomalías, comenzar las correspondientes diligencias que permitan dirimir si hay algún tipo de responsabilidad en quienes están al frente. Todos los años, y a diferencia de lo que sucede con otros colectivos judiciales, el CGPJ abre no pocas diligencias informativas que en un buen número acaban en expedientes disciplinarios.

El pasado año no fue una excepción, y, según datos de la Memoria del CGPJ, se incoaron 46 expedientes disciplinarios – once menos que en el ejercicio anterior– y la Comisión Disciplinaria resolvió 57 expedientes -diez más que en 2011–, de los que 29 finalizaron con sanción a jueces y magistrados y el resto quedó en archivo.

El mayor número de expedientes abiertos, 12, fue por falta muy grave, relacionada con la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación o resolución de los procesos judiciales; mientras que otros siete tuvieron su origen en la «desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico», con los ciudadanos, fiscal, abogados, etc.

Las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria, o por el Pleno cuando se trata de falta muy grave, son recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En este apartado, durante el pasado año el Alto Tribunal resolvió 50 recursos interpuestos contra sanciones del Consejo, de los que nueve fueron estimados y otros ocho lo fueron parcialmente; mientras que siete fueron inadmitidos y los 26 recursos restantes, desestimados.

Por otro lado, la mayor parte de las informaciones previas abiertas (el 55 por ciento) por la mencionada comisión se refieren a quejas y denuncias por retraso en la tramitación de los procedimientos. En 2013 ya son varios los jueces sancionados por el CGPJ, entre ellos Elpidio José Silva, el magistrado de Madrid que encarceló al ex presidente de la entidad Caja Madrid Miguel Blesa.