Política

3-O: el día que la Legislatura se tambaleó

El ultimátum de Torra a Sánchez rompió los canales de comunicación entre los independentistas y Moncloa. La mediación de Batet recondujo los contactos y ahora se busca cerrar las cuentas con los políticos presos y el referéndum de autodeterminación sobre la mesa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desciende del vehículo oficial en el Palacio Real para asistir a la recepción del 12-O
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desciende del vehículo oficial en el Palacio Real para asistir a la recepción del 12-O

El ultimátum de Torra a Sánchez rompió los canales de comunicación entre los independentistas y Moncloa. La mediación de Batet recondujo los contactos y ahora se busca cerrar las cuentas con los políticos presos y el referéndum de autodeterminación sobre la mesa.

«Este Gobierno siempre da la cara. No vamos de farol y seguimos nuestra hoja de ruta, partido a partido», así de eufórico se mostraba el entorno de Pedro Sánchez tras alcanzar el jueves un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos. Es la primera pieza del «sudoku» que ha encajado el gobierno socialista, aunque sólo cuenta con 156 votos para aprobar las grandes cuentas del Estado, los mismos que tenía Aznar en 1996. Una pieza necesaria para abrir una nueva negociación con Esquerra Republicana –9 diputados– y PNV –5 escaños–. Si logra estos 14 apoyos, el Ejecutivo alcanzaría los 170 diputados. La oposición sólo obtendría 169, si el PDeCAT no une sus votos a Ciudadanos y Partido Popular. Conclusión, quedan todavía piezas por encajar.

Ahora se inicia un nuevo partido que se juega en Madrid y en Barcelona, y en diferentes campos de juego. Congreso de los Diputados, Palau de la Generalitat, Vicepresidencia de la Generalitat y Consejería de Economía, Parlament de Catalunya y Comisión Bilateral. Todas estas piezas deben sintonizarse para que Sánchez logre los presupuestos de 2019 y, por tanto, eliminar el fantasma del adelanto electoral hasta, como mínimo, finales del próximo año.

El camino no será de rosas porque los vaivenes de la política catalana y española son inescrutables. Lo vivieron en primera persona los responsables del ejecutivo el miércoles 3 de octubre. Estaban preparando la Comisión Bilateral de Infraestructuras y buscando fecha. Se barajaba el lunes 15 de octubre. Se mantenían permanentes contactos con sus interlocutores de la Generalitat y se designó al cabeza de la delegación del Gobierno: Pedro Saura, secretario de estado de infraestructuras. Todo iba bien, hasta que Joaquim Torra, el presidente catalán dio al traste con las perspectivas halagüeñas cuando pronunció la palabra maldita: ultimátum. Lo hizo en el pleno del Parlament de Catalunya, por lo que parecía más serio que el mismo ultimátum que ya había anunciado el 4 de septiembre.

La respuesta de Madrid fue poner todas las comisiones previstas, infraestructuras la primera, en el congelador. La ruptura de los contactos parecía inminente, pero se impuso un compás de espera, la calma, auspiciada por la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet. Las comunicaciones entre Batet, Ábalos, Calvo y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ardían. El miércoles, el gobierno tomó su decisión: se mantenía la hoja de ruta. Al tiempo, en el debate en el Parlament de Catalunya la resolución de JxC y ERC retiraba el «ultimátum» del texto y emplazaba al gobierno de la Generalitat a la negociación. En paralelo, los dos grupos independentistas se enzarzaban en una lucha cainita que daba al traste con la mayoría independentista.

Ante la situación, el gobierno opta por desbloquear la agenda y mantenerla. Las reuniones preparatorias de la Bilateral funcionan y «todo parece que vuelve a una cierta normalidad». Se convoca la Bilateral, que parece contendrá acuerdos. La vicepresidenta Carmen Calvo va el día 10 a Barcelona para asistir a los premios que otorga la patronal PIMEC. Aprovecha su viaje para entrevistarse con el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés, y en la estación del AVE de Barcelona tiene un encuentro privado con la portavoz del ejecutivo, Elsa Artadi. En esas reuniones, la vicepresidenta lanza su órdago: pide el voto a los nacionalistas para los presupuestos y pone encima de la mesa 2200 millones de euros, que el Gobierno catalán perdería si los números de Sánchez se bloquean en el Congreso.

A pesar de estos movimientos, ERC y PDeCAT en el Congreso siguen manteniendo su no, aunque suavizan su lenguaje ante el acuerdo de Podemos y PSOE. El vicepresidente del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, mantiene el discurso reclamando «gestos» sobre la situación política a Pedro Sánchez, con el altavoz de los partidos nacionalistas. Los independentistas siguen planteando la dicotomía «presos por presupuestos», reclamando «gestos» al Gobierno socialista como la retirada de la acusación por rebelión o la puesta en libertad de los presos en prisión preventiva. El independentismo no se conforma con palabras –varios ministros se han mostrado favorables a la libertad de los detenidos– y exigen un plan que contemple el referéndum de autodeterminación. El presidente se mantiene en su tesis: bajar la tensión y presentación de un plan que acabará con una votación, pero que solo contemplará un referéndum de autogobierno.

Mientras se espera el movimiento de piezas, la primera batalla que se avecina cuando los números lleguen a la Carrera de San Jerónimo son las enmiendas a la totalidad. PP y Cs plantearán sus propuestas. Fuentes del Gobierno ven con optimismo esta primera batalla: «No veo a Cs y PP votando de forma conjunta en plena campaña de Andalucía», apuntan, «ni tampoco al PDeCAT sumando sus votos a la derecha». Sin embargo, PP y Cs apuntan que se dará apoyo a sus enmiendas a la totalidad.

No parece que ni ERC ni PDeCAT planteen enmiendas a la totalidad y esperan su momento para negociar. ERC lanza, como anunció LA RAZÓN, un mensaje a los socialistas: que el PSC no presente una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat. «Si esto se produce se vería como un gesto de buena voluntad, y no implicaría que los socialistas votaran a favor, sino que se entrara en una negociación». En el PSC dicen «no contemplar» esta posibilidad porque «el Govern ya tiene abierta la posibilidad de negociar con los Comunes». Una negociación que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere llevar también al consistorio. De momento, con escaso éxito, porque su objetivo es conseguir que se crucen los apoyos en Parlament, Ayuntamiento y Congreso. Supuesto no contemplado ni por el Gobierno ni por los secesionistas.

Gobierno e independentistas se moverán en este complejo tablero, y todos, mirando de reojo a los «enfants terribles» de ambos bandos: Ernest Maragall y José Borrell, enzarzados en una polémica sobre las embajadas que rompe todos los esquemas. Los de unos y los de otros. «Son como una piedra en el zapato», dicen fuentes gubernamentales. Y sin duda, a los movimientos de Torra y Puigdemont, siempre impredecibles, pero la presencia de Elsa Artadi en las negociaciones tranquiliza en Madrid, sin olvidar que el grupo parlamentario dirigido por Carles Campuzano no es la correa de transmisión del presidente catalán. Ciertamente, empieza una nueva partida.