Catalá ofrece un pacto para reducir los aforamientos

El ministro Rafael Catalá ofreció ayer a los distintos partidos incrementar las «horas de vuelo» de consenso para lograr la «transformación de la Justicia, quizá la gran reforma pendiente desde nuestra Transición».

El ministro Rafael Catalá ofreció ayer a los distintos partidos incrementar las «horas de vuelo» de consenso para lograr la «transformación de la Justicia, quizá la gran reforma pendiente desde nuestra Transición». En concreto, fijó en seis los retos que la Justicia debe lograr en esta legislatura: que sea más ágil, más dotada y mejor organizada, la transformación digital de la Justicia, el reto de una Justicia «que cree en sus profesionales», pensada e impartida para las personas y que sea «fuerte en su independencia e implacable contra la corrupción». Consideró imprescindible reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para, entre otras medidas, otorgar al Ministerio Fiscal un nuevo rol, «como director de la fase de investigación» de las causas penales, que sustituiría al actual juez de instrucción, y estableciéndose un «juez de garantías» que velaría por la de derechos. El PSOE apoyó esta medida.

En relación con la lucha contra la corrupción, aseguró sin género de dudas que «objetivamente, no hay país en el mundo que en tan poco tiempo haya hecho tanto, en términos legislativos y de gestión, para luchar contra la corrupción». Sin embargo, dejó claro que hay medidas que se pueden adoptar para acrecentar la lucha contra esa lacra, entre las cuales destacó la de «limitar los aforamientos relativos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen la condición de aforados», aunque dejó claro que ello no será materia fácil, toda vez que es una materia que afecta tanto a la Constitución como a las comunidades autónomas.

También se encontrarían en esas medidas fijar por Ley la prohibición de condenados por delitos de corrupción, aunque quiso dejar claro que el Gobierno, en estos últimos dos años, no ha concedido «ni un solo indulto a nadie que haya sido condenado por algún delito relacionado con la corrupción», e igual con los condenados por delitos de violencia de género, familiar o accidentes de tráfico. «Lo que les propongo es que la corrupción no se indulte jamás y que esa decisión no dependa nunca de ningún Gobierno», resumió.

Como tercera medida en la lucha contra la corrupción, Catalá aludió a la posibilidad de «mejorar el sistema de protección al denunciante» de estos delitos, aunque, a la vez, puso de manifiesto las cautelas con las que hay que tomar esas medidas y los riesgos que pueden suponer para los valores de convivencia.

Otro de los aspectos esenciales fue el relativo a la independencia judicial. En este punto, el ministro no tuvo reparo alguno en asegurar que España cuenta «con una de las judicaturas más independientes del mundo». Sin embargo, también aquí propuso algunas medidas para avanzar en ese camino: revisar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder, revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, y, como novedad, la supresión de que los parlamentos autónomos puedan proponer magistrados para la Sala de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia, aquella que instruye y, en su caso, juzga a los aforados autonómicos.

Cataluña

«En ningún caso, el Gobierno ha obligado a la Fiscalía a cambiar de criterio. Ha sido la Fiscalía General del Estado la que ha decidido lo que tenía que hacer, incluso con participación de la Junta de Fiscales de Sala en lo que se refiere a la querella» por el 9-N.«Nunca nos hemos dirigido a la Fiscalía» para darle ninguna instrucción en causa alguna.

Así replicó Catalá a la portavoz del Partit Demócrata Catalá, Lourdes Ciuró, quien le interpeló sobre la actuación de la Fiscalía en las «querellas contra políticos catalanes», quien también cuestionó que el titular de Justicia no hubiese defendido la presunción de inocencia de Artur Mas o Xavier Trias. Al respecto, el ministro le replicó que defiende ese derecho «absolutamente de todos» los ciudadanos que están sometidos a una investigación.

Así mismo defendió el nombramiento de José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado, tras elogiar la labor realizada por Consuelo Madrigal, al considerarle el más idóneo para llevar adelante la la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgará a los fiscales la instrucción de las causas penales, o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Le hemos valorados como el más idóneo» para afrontar esas reformas, concluyó Rafael Catalá.