Chaves: «Nunca, jamás se adoptó en el Gobierno que presidía una decisión ilegal»

El expresidente de Andalucía, Manuel Chaves, declaró que durante el tiempo en que fue presidente de la Junta de Andalucía, "nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal, nunca".

«No conocía», «desconoce», «no sabe» o «no podía saberlo». Éstas fueron algunas de las palabras más utilizadas por el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en su declaración en el Tribunal Supremo en calidad de imputado por el fraude de los ERE. Así, ni «conoció» ni «podía conocer» los convenios que regulaban las subvenciones y ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo, porque los mismos no pasaban por el Consejo de Gobierno; «desconoce« los motivos por los que en 2001 se cambian los criterios para las adjudicaciones de esas ayudas; tampoco «conocía los procedimientos de ejecución del gasto» de esas partidas, ni las causas por las que algunos expedientes de empresas sometidas a ERE no estaban los correspondientes informes. Y ni el mismo sistema utilizado para la concesión de esas ayudas conocía, «ni lo podía conocer», excepto los «criterios generales».

Ésta fue la línea que mantuvo Chaves en su declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro. Sin embargo, sí dejó claro, en más de una ocasión, que «no hubiera permitido» ningún tipo de irregularidad, pero que en ningún momento se le advirtió «de ninguna ilegalidad o anomalía», por lo que no podía conocer que se hubiese podido producir.

De hecho, aseguró que ningún consejero le advirtió de esas posibles irregularidades y ni siquiera la Intervención General de la Junta le hizo llegar ningún informe con ese tipo de advertencias. Por eso, incidió en que cuando le llegaban las transferencias de financiación, las partidas utilizadas para la concesión de las ayudas sociolaborales se aprobaban «con la tranquilidad de que todo era legal». Es más, añadió que ningún diputado puso reparo a esas transferencias en diez años.

Por ello, incidió en este punto, tenía la «convicción» de que tanto el presupuesto como las transferencias y las modificaciones realizadas para esas ayudas «eran legales», toda vez que los presupuestos relativos a las transferencias de financiación le llegaban «con todas las bendiciones» y con todos los dictámenes favorables.

Esta idea la repitió al finalizar su declaración, cuando aseguró ante los medios de comunicación que durante el tiempo en que fue presidente de la Junta de Andalucía (19 años), «nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno –que él presidía– ninguna decisión ilegal, nunca». En esta misma línea insistió en que «ni se ha concedido, ni se ha mantenido ni impulsado ninguna ilegalidad», y que «cualquier decisión política o normativa que he tenido que tomar siempre ha sido dentro de la legalidad».

Un aspecto destacable de la manifestación de Chaves fue la discrepancia respecto a lo declarado por su sustituto, José Antonio Griñán.

«La Justicia dirá si hubo fraude»

Así, este último admitió el pasado jueves que, en relación con los hechos investigados, «no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude», y que cuando eso ocurre es porque «alguno de los controles pudo fallar». En cambio, Chaves aseguró que no tuvo constancia de que hubiera ningún «descontrol» porque todos los años se realizaba un control financiero y la Intervención no propuso ningún informe de actuación, que era lo procedente si hubiese detectado cualquier anomalía o irregularidad. Y, en cuanto al «gran fraude», Chaves afirmó que debe ser la Justicia la que diga si existió o no y, en su caso, depurar responsabilidades, por si hubo «alguna persona» que utilizara esos fondos de forma fraudulenta. En todo caso, afirmó, aludiendo a lo declarado por Griñán, que «si el fraude fue pequeño o grande lo tendrán que determinar los tribunales de Justicia

Por otro lado, el juez Alberto Jorge Barreiro ha pedido a Alaya que le remita las actas del Consejo de Gobierno de la Junta en las que conste la aprobación de modificaciones presupuestarias para ayudas a empresas o sociolaborales.

«No hubo un gran plan pero sí un gran fraude»

Griñán aseguró que en esta causa se ha constatado que ese «gran fraude» puso de relieve que habían fallado «algunos controles», lo que fue negado ayer por su predecesor, quien, además, dejó claro que «si el fraude fue grande o no, lo tendrá que determinar la Justicia».

La jueza de Sevilla Mercedes Alaya alude en la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo a la existencia de sobrecomisiones abonadas por la Junta para el pago de los ERE financiados con fondos públicos y que habrían repartido, entre otros, mediadores y los sindicatos UGT y CC OO. Este hecho, sostiene la instructora de la causa que se sigue en Sevilla, debió de ser conocido por Manuel Chaves y quien entonces era su «mano derecha», el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías –declarará mañana–. «El pago de estas sobrecomisiones sería conocido y autorizado por los máximos responsables del Gobierno autonómico», que entonces eran Chaves, como presidente, y Gaspar Zarrías, su consejero de la Presidencia, «que le asesoraba en todas las decisiones de gobierno»,

afirmaba al respecto la jueza Mercedes Alaya. La magistrada enumeraba hasta cuatro razones para sustentar esa afirmación sobre Chaves y Zarrías y las sobrecomisiones pagadas.