El secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, presentó ayer su renuncia como miembro de la dirección federal del partido en plena crisis por las denuncias de acoso sexual del PSOE. También comunicó que deja su acta como senador por Valladolid. "Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", anunció Izquierdo en un mensaje en la red social X. Aunque no explicó los motivos, en el partido lo circunscriben a las investigaciones internas por denuncias de acoso sexual. Tras Francisco Salazar, el secretario general de Torremolinos y el presidente de la Diputación de Lugo, Izquierdo eleva a cuatro el número de casos de presunto acoso sexual en el PSOE.

Aunque pasan los días, en el PSOE no están siendo capaces todavía de digerir del todo este particular «Mee Too» que les ha estallado. A pesar de que el partido, por fin, está dando signos de movimiento a través de investigaciones internas y expulsiones, hay voces que consideran que se debería actuar con mayor contundencia y acudir a la Fiscalía. Creen que el partido debería ir a los juzgados tras la constatación de que se pudo cometer un delito entre sus filas. Esto es algo que ya han verbalizado caras visibles como Adriana Lastra, pero que también comparten cargos intermedios, tanto de Ferraz como de algunas federaciones de peso.

En ese frente, muchas miradas se están posando sobre la secretaria de Organización, Rebeca Torró. Ella es una de las grandes coprotagonistas de este escándalo, sobre la que están recayendo algunas de las denuncias de inacción, y hay quien defiende que tiene que superar sus "intereses personales" y acudir a la Fiscalía, acción para la que está capacitada orgánicamente como número tres del partido. Torró dará, además, una rueda de prensa este viernes para explicar el resultado de la investigación interna.

Según confirman diversas fuentes, es de sobra conocido en el partido que Torró y Francisco Salazar mantenían una estrecha relación personal, algunos sospechan incluso que llegaba a lo sentimental. Aseguran que es gracias a ello que ambos fueron parte del pack que Pedro Sánchez designó para sustituir a Santos Cerdán en el último Comité Federal del partido, el pasado mes de julio, cargo que Salazar no llegó a asumir porque esa misma mañana eldiario.es publicó que había sido denunciado por acoso.

"En este caso, los intereses personales se mezclan mucho. Es evidente que Torró no habría llegado a ese cargo si no fuera por Salazar, no está capacitada para desempeñarlo", asegura un alto cargo de una federación del PSOE. Aunque nadie se atreve a decir que Torró pudo tener la responsabilidad de encubrir de manera deliberada a Salazar, sí que hay numerosas sospechas de que esa relación personal pudo afectar a la evidente falta de acción inicial. Así piensan algunos en Ferraz y en el PSOE valenciano, al que pertenece Torró.

La línea oficial, sin embargo, es de respaldo absoluto a Torró, según confirman desde Ferraz. La autocrítica que hacen en el partido es más hacia el procedimiento, hacia un protocolo que consideran que se ha evidenciado que es excesivamente burocrático y que necesitaría dejar espacio a una mayor intencionalidad política.

De momento, la Fiscalía ya está estudiando el asunto de Salazar después de que Manos Limpias pusiera una denuncia, esta misma semana. Sin embargo, hay gente en el partido que piensa que también debería hacerlo el propio PSOE, que además tendrá pruebas más o menos contundentes gracias a la gestión interna del presunto acoso sexual. El problema, sin embargo, es el testimonio de las víctimas.

La versión oficial de la dirección del partido es que no se puede acudir a la Fiscalía porque las víctimas que han denunciado a Salazar lo han hecho en condición de anonimato. Así lo explicó el propio Pedro Sánchez el pasado sábado, en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución. El argumento, sin embargo, no convence a todos.

Algunas fuentes señalan el ejemplo de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, del PP. Esta semana, Landaluce anunció su decisión de suspender temporalmente su militancia del partido de Alberto Núñez Feijóo después de que el PSOE le denunciara ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta comisión de una serie de delitos, entre los que se encuentra el de acoso sexual. La denuncia fue interpuesta por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras y la vicesecretaria general de la Agrupación Municipal socialista en la ciudad. Piden que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP, según ha recogido la prensa.

El caso es que esta denuncia la ha interpuesto el PSOE sin necesidad de que fueran las víctimas quienes acudieran a la Fiscalía. Sí es cierto que en este tipo de casos el testimonio de las afectadas es prácticamente lo que determina que pueda prosperar. Pero los críticos con esta decisión de la dirección del PSOE creen que se puede estar pecando, de nuevo, de inmovilismo si no se acude a los tribunales.

Principalmente, porque lo que está haciendo el PSOE es realizar una investigación interna, que en teoría verá la luz esta misma semana y que será muy "contundente". Pero el único espacio para la contundencia es actuar contra otros cargos que estén actualmente en el partido, ya que el PSOE no puede actuar contra Francisco Salazar porque ni siquiera es militante.

La propia Rebeca Torró o Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad tras la defenestración de la ministra Ana Redondo, son algunos de los nombres que podrían acabar salpicados por la mala gestión del escándalo. Sin embargo, como Pedro Sánchez ha asumido en sus propias carnes la responsabilidad de no estar a la altura para con las víctimas, es difícil pensar que se pueda generar una situación por la cual actúe contra su actual círculo de confianza.