Cs quiere que el fiscal general dependa del Congreso

Presenta una proposición de ley para que que sea la Cámara, con el apoyo de dos tercios, quien ratifique su nombramiento y su cese.

Ciudadanos registró ayer en el Congreso su propuesta de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de que éste no esté «politizado» y sea «verdaderamente autónomo» del Gobierno.

El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, junto al diputado Ignacio Prendes registraron la Proposición de Ley a la que esperan se sumen el resto de formaciones. «Estamos abiertos a pactar, pero no a renunciar a la reforma». Los grandes partidos que han defendido el modelo vigente pueden sumarse a ese cambio o explicar a los ciudadanos «que quieren seguir controlando al fiscal general», dijo Rivera. Asimismo indicó que la propuesta era puramente de Cs, ya que consideran que el ministro de Justicia, Rafael Catalá «no es el más adecuado» para abanderar estas reformas porque «la está liando cuando muestra injerencia directa». La formación naranja no dispone de cupo para someterla al primer trámite parlamentario, la toma en consideración, hasta el siguiente periodo de sesiones, a partir de septiembre.

En concreto, Ciudadanos quiere que el fiscal no dependa del Gobierno sino del Congreso y que pueda ser nombrado y cesado por esta Cámara. Según explicó Rivera, su reforma es un «cambio histórico» en el modelo de Fiscalía, que lleva treinta años dependiendo del Gobierno de turno, y que obedece a una creciente preocupación de los ciudadanos ante los casos de corrupción. En el texto apuestan por ampliar de cuatro a seis años la duración del cargo del fiscal general, para «romper así el vínculo con la legislatura» y se suprime de esta manera el cese automático al cesar el Gobierno.

La experiencia requerida para optar a ese cargo pasaría de 15 a 25 años para garantizar que se trata de una persona «absolutamente respetada» y que accede por una especie de meritocracia, además de no haber desempeñado cargo público en los últimos 10 años.

La Constitución dice que el fiscal general es propuesto por el Gobierno. Cs no quiere entrar en una modificación de la Carga Magna, por lo que mantiene esa premisa pero introduce un «filtro» por el que deberá ser ratificado por dos tercios. Según indicó Rivera, con ello se despeja la posible duda de inconstitucionalidad, por lo que se ha evitado también la fórmula de que el Parlamento o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponga una terna, ya que podría también chocar con la Carta Magna. Incluyen un trámite de comparecencia del candidato en la que los parlamentarios puedan interrogarle sobre lo que consideren para determinar su idoneidad. «Le podremos preguntar si tiene cuentas en Panamá o lo que piensa de la Justicia española», indicó Rivera.

Cs quiere que las comunicaciones que haya entre el fiscal general y el Gobierno sean por escrito. Además, el Ministerio Fiscal dispondrá de autonomía presupuestaria, no sólo funcional, sino de una sección específica. Quieren que se garantice la pluralidad y representatividad del Consejo Fiscal de manera que esté compuesto por 11 miembros, de los cuales nueve sean fiscales elegidos por los propios fiscales. Que se fortalezca la autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y se limiten las órdenes de los fiscales jefes a instrucciones de carácter general. Igualmente se limita la capacidad de sustitución de un fiscal en la llevanza de un caso concreto, que «en caso de discrepancia deberá contar con el parecer del Consejo Fiscal» y los ascensos en la carrera fiscal tendrán también el consenso del Consejo Fiscal.