El Ministerio de Cultura enviará "en breve" a un juez el informe para que decida sobre la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un documento que el departamento tiene "a punto de firmar" tras recabar las alegaciones de la entidad y que, según el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, demuestra de forma "indiscutible" la exaltación del franquismo y el menosprecio a las víctimas que justificarían su extinción.

Precisamente un punto que desde la FNFF se han preocupado de cuidar para que no puede alegarse ese extremo en su contra, dado el doble retoque a sus estatutos, en 2018 y 2023, con el objetivo de evitar una acusación en ese sentido.

Desde la entidad entienden que el anuncio debe referirse al documento pendiente tras las alegaciones que ha presentado la semana pasada.

En cualquier caso, está admitido a trámite al mismo tiempo un recurso contencioso-administrativo de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El TSJ rechazó la petición de cautelares al no concurrir razones de urgencia y porque quiere atender previamente a los argumentos de la Abogacía del Estado.

La solicitud la formuló la Fundación Franco en el marco del recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Cultura que insta la ilegalización de la entidad creada en 1976.

El anuncio del envío a un juzgado lo hizo, por parte del Gobierno, Jordi Martí Grau a los grupos políticos durante la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.

"Estamos a punto de firmar ya el documento que se traslada al juez para que tome la decisión definitiva. De modo que ahora, en breve, lo que se hará es trasladarlo al ámbito judicial y el ámbito judicial tendrá que decidir si las pruebas sobre la exaltación del régimen franquista y la figura de Francisco Franco y el ataque o el menosprecio, a las víctimas, justifican que la Fundación Francisco Franco quede disuelta definitivamente", afirmó.

Martí avanzó que, una vez resuelto este caso, el Ejecutivo tendrá que abordar también otras fundaciones que llevan nombres vinculados a "la historia más negra" del país, aunque no tengan la significación del dictador.

"La única pregunta que nos podríamos hacer es por qué llega este tema ahora y no llegó en los años 80, cuando justo estábamos saliendo. Seguramente es difícil, nos habríamos de situar en aquel momento y había muchas otras tensiones, pero son deudas pendientes que este país ha de hacer y que desde el punto de vista europeo no se entiende que eso no se haya hecho", apostilló el secretario de Estado.