De ETA a la yihad: 386 detenciones

La constitución del nuevo Gobierno, con la designación de los ministros, ha traído consigo la salida de seis de ellos, entre los que se encuentra el ya ex titular del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los hombres fuertes del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y muy cercano al presidente. Ahora, le ha dado el relevo a José Ignacio Zoido, quien tendrá que hacer frente a retos como el fin definitivo de ETA, la amenaza yihadista o la criminalidad, temas en los que tendrá que mantener la línea del anterior departamento y que han permitido situar a España como uno de los países más seguros del mundo. De hecho, el broche final de su gestión ha sido la detención, ayer, del etarra Mikel Irastorza, el séptimo de los cabecillas de la banda caídos desde que aterrizó en el Ministerio.

En 2011, Fernández Díaz llegó, como el resto de ministros, con un encargo que más bien era una obligación: la de hacer más con menos. Sin embargo, la cartera de Interior implicaba gestionar la seguridad ciudadana, cada vez más amenazada por diferentes actores. Y el entonces ministro se propuso en 2012 asumir esa responsabilidad y los nuevos retos que iban llegando con el paso de los meses. A la tradicional lucha contra ETA se había unido la gestión del final de la banda; al fin del terrorismo «nacional» le sustituyó el yihadista mientras que el crimen organizado se hacía más fuerte. Y las nuevas tecnologías, además de ayudar a los ciudadanos, también se convertían en una amenaza y en un nuevo foco de delitos. A todo esto se tuvo que enfrentar un ministro que ha tenido que adaptar su departamento a los nuevos tiempos. Y todo, con un presupuesto que más que crecer menguaba. Tras casi cinco años en el cargo (uno en funciones), deja a España como uno de los países más seguros del mundo, a ETA prácticamente descabezada y unas carreteras con menos accidentes mortales, entre otros logros. Éste es el balance de los últimos cinco años del Ministerio del Interior con Fernández Díaz como titular, el segundo ministro que más tiempo ha ocupado la cartera, sólo superado por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

La entrada de Fernández Díaz en la cartera de Interior estaba marcada por el anuncio del fin de la actividad armada de ETA, pocos meses antes de su nombramiento. Y fue el gestionar el fin de la banda uno de sus principales objetivos con la máxima de no ceder ni ser chantajeado. Así lo demuestran los 163 terroristas arrestados desde 2012, entre los que destaca la detención de la cúpula etarra en Francia en septiembre del pasado año con la captura de los dos jefes de la banda, Iratxe Sorzabal y David Pla. Fue «el acta de defunción de ETA» aseguró entonces el ministro. Su último logro llegó justo cuando dejaba el cargo, con la detención de Mikel Irastorza.

El terrorismo yihadista ha sido otro de los quebraderos de cabeza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que veían cómo cada año aumentaba el número de terroristas que se asentaban en España no sólo para atentar, sino también para captar combatientes y para obtener fondos para el Estado Islámico. Desde 2012 se han llevado a cabo 95 operaciones (18 en el extranjero con colaboración española) en las que se ha detenido a 223 presuntos terroristas, algunos listos para atentar, como los arrestados en marzo de 2015 en Ceuta. Un año, el pasado, en el que más arrestos se llevaron a cabo: 102. Pero, además de la parte operativa, esta lucha contra los radicales implica una necesaria prevención, que pasa, entre otros, por el Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista y que fue suscrito por los principales partidos políticos.

Junto a esto, desde el pasado año, el Código Penal incluye conceptos y conductas relacionadas con el yihadismo como el adoctrinamiento, el uso de internet para la captación o la figura del «lobo solitario».

Otro de los grandes retos era la alta siniestralidad y mortalidad que se registraba en las carreteras españolas. Y la realidad económica del país no ayudaba demasiado, ya que no sólo aumentaba el número de vehículos en circulación, sino la edad de los mismos. Y muchos de ellos apenas pasaban por el taller, aumentando el riesgo de sufrir accidentes. Pero poco a poco fue reduciéndose esa trágica cifra de fallecidos que, por ejemplo, se situaba en 3.268 al año en 2005. Año tras año fue disminuyendo y cuando Fernández Díaz llegó a Interior rondaba los 1.400, que pasaron a 1.126 el pasado año. A apenas dos meses de que acabe 2016 todo apunta a que no superará esta cifra, pues se sitúa en 996 víctimas mortales.

Cuando llegó al Ministerio, la cifra de delitos y faltas que se registraban en España se acercaba a los 2,3 millones. Poco a poco fueron descendiendo hasta situarse en poco más de 2 millones el pasado año y en 993.596 en el primer semestre de este 2016. La labor de la Policía y la Guardia Civil ha propiciado que España pueda ser considerado como uno de los países más seguros del mundo con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 0,63, sólo superado por Eslovenia y Luxemburgo.

Entre las medidas llevadas a cabo para luchar contra las amenazas se encuentra la creación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2014. Con él se coordinaban e integraban todas las informaciones y datos relacionados con los grupos criminales permitiendo, por ejemplo, descubrir más de 250 coincidencias entre personas vinculadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista. Durante los últimos años, las cifras se han ido manteniendo: de unos 20.900 investigados y 6.548 detenidos en 2011 se ha pasado a 18.436 investigados y 5.936 arrestados el pasado año.

En lo relacionado con el tráfico de drogas, en los últimos cinco años se ha detenido a unos 25.000 delincuentes. Sólo en 2015 se desarticularon 274 grupos, a los que se les incautaron, entre otros, 190 toneladas de hachís o 17 de cocaína. Además, sólo en la X legislatura se crearon cinco nuevos puntos de destrucción de droga en España, cuando hasta 2012 sólo existía uno.

Ha sido uno de los retos, pero también una de las obligaciones del Gobierno, que en la última legislatura se marcó frenarla como una de sus prioridades, impulsando numerosas investigaciones. De hecho, los casos conocidos han aumentado un 135 por ciento desde 2011 (470 frente a 1.108) y el número de detenidos e imputados un 208 por ciento (de 792 a 2.442).

Desde 2013, el Ministerio del Interior incluye en su anuario estadístico los datos relativos a la cibercriminalidad, que en los últimos años se ha convertido en uno de los ámbitos delictivos con más rápido crecimiento. Fraudes informáticos, falsificaciones, delitos relacionados con la pornografía infantil o contra el honor están cada vez más a la orden del día y sólo en 2015 se registraron más de 60.100 hechos de estas características (40 por ciento más que en 2012), se esclarecieron 19.300 (29 por ciento más) y se detuvieron a más de 5.400 personas (11 por ciento más)

En 2011, tal y como confirmaba la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, España se encontraba a la cola de la UE en cuanto a recogida, registro y tratamiento de este tipo de delitos, otro de los retos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, tanto que desde 2013 se encuentra entre los cinco países que mejor recogen y analizan estos datos. Desde diciembre de 2014 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con un Protocolo de Actuación ante los delitos de odio, reconocido por la UE como uno de los mejores. Como resultado, se ha pasado de los 1.172 hechos conocidos en 2013 a los 1.328 del pasado año, siendo los más comunes los relacionados con el racismo y la xenofobia (38 por ciento del total), seguidos por los ideológicos (23,2 por ciento). Sólo en 2015 se esclareció el 51,7 por ciento de estos delitos.

Un desafío cada vez más difícil de controlar y que ha obligado a una mayor y más estrecha cooperación tanto con los países de procedencia como con los de tránsito y los socios europeos. Sólo en 2015 llegaron a las costas españolas 5.312 inmigrantes irregulares, una cifra similar a la que se encontró el ex ministro cuando aterrizó en Interior en 2011 (5.443) pero muy inferior a la que se registraba, por ejemplo, en 2006, cuando se contaban más de 39.000.

Así que para frenar la llegada masiva de inmigrantes durante la X legislatura se llevaron a cabo actuaciones como la apertura de oficinas de protección internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla; la creación de un Comité Especializado de Inmigración; la creación del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil o la participación desde finales de 2012 en un proyecto de retorno voluntario de la Organización Internacional de las Migraciones, al que España aporta 1 millón de euros al año.