Dos jueces enfrentados en «Gürtel» aspiran a una plaza en el Supremo

El presidente del TSJ catalán, que condenó a Artur Mas, también opta a entrar en la Sala Penal del TS.

Las tres plazas para cubrir las vacantes en la Sala Penal del fallecido José Manuel Maza, de su sustituto al frente de la Fiscalía General del Estado, Julián Sánchez Melgar, y de Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional, han provocado un aluvión de solicitudes. Las tres plazas corresponden al turno de especialistas, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reserva a los magistrados «que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esta categoría». La Comisión Permanente, no obstante, acordó abrir la convocatoria tanto a los magistrados que cumplen ese requisito como a los magistrados «que hubieren prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate», esgrimiendo para ello una disposición transitoria de la citada ley.

Ello ha provocado un auténtico aluvión de solicitudes para optar a la cúspide judicial, a una Sala que tiene una relevancia más que notable, toda vez que es la encargada de investigar y, en su caso, juzgar, a los aforados. Especialmente llamativo resulta el elevado número de candidatos de la Audiencia Nacional, donde, hasta el día de ayer, doce de los magistrados de las distintas salas de lo Penal habían presentado sus correspondientes instancias. Por distintas razones, pero todos ellos deben considerar que su tiempo en ese órgano jurisdiccional, que nació para enjuiciar los delitos de terrorismo, ha finalizado. En total, 28 solicitudes en búsqueda de una de las tres ansiadas plazas convocadas.

Magistrados como la propia presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, Enrique López –ambos formaron parte del tribunal que juzgó el «caso Pretoria» y de la condena al rapero huido Valtonyc, ratificada por el Tribunal Supremo – Carmem Lamela –quien recientemente finalizó la instrucción contra Trapero por el 1-O–, Eloy Velasco –comenzó la instrucción de los casos «Púnica» y «Lezo»– , Teresa Palacios o Eloy Velasco. Espejel será la ponente de la sentencia relativa a las agresiones a los guardias civiles de Alsasua.

Significativas son las candidaturas de dos magistrados que recientemente han enjuiciado el «caso Gürtel»: José Ricardo de Prada y Ángel Luis Hurtado. Ambos han mantenido dos criterios totalmente distintos en lo que se refiere a la condena del PP a título lucrativo. Así, el primero de ellos fue especialmente duro en ese aspecto y lo plasmó en la sentencia, dando por acreditada la existencia de una «caja B» en el PP; mientras que Hurtado, quien tuvo que renunciar a la ponencia, emitió un voto particular discrepante y defendió que el PP no debía ser condenado y consideró del todo «innecesario» lo relativo a la presunta «caja B» de ese partido, ya que ese extremo forma parte de otro procedimiento, el relativo al conocido como los «papeles de Bárcenas».

De Prada se encuentra actualmente destinado en servicios especiales en un tribunal dependiente de la ONU, motivo por el que el CGPJ no le autorizó, como había pedido, para formar parte del tribunal que tenía que decidir sobre la situación procesal de los condenados en esa causa.

Al margen de los candidatos de la Audiencia Nacional, otros 14 candidatos tenían registradas sus instancias en el CGPJ –el plazo para presentarlas ya finalizó, pero puede llegar alguna más si se envió por correo–.

Un nombre llamativo es el Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fue ponente de la sentencia que condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación por considerarle el principal responsable de la consulta ilegal soberanista del 9-N.

Tres presidentes de audiencias provinciales también buscan su promoción profesional al más alto escalón judicial: María Félix Tena, Eduardo Porres de Urbina y Francisco de Paula Sánchez quienes en estos momentos presiden las audiencias de Cáceres, Madrid y Córdoba, respectivamente.

Al margen de Porres, otros ocho magistrados de la Audiencia de Madrid optan también a esas plazas, entre ellos Juán José López Ortega, quien fue magistrado de la Audiencia Nacional y sancionado con seis meses de suspensión junto a los otros dos miembros del tribunal que dejó en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría, «el Negro». Una vez cumplida la sanción, optó por no regresar a la Audiencia y solicitar su traslado al destino actual.

En cambio, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sólo se presenta una candidata: Susana Polo. Esta magistrada, que imputó al ex juez Elpidio Silva por la filtración de los correos electrónicos del fallecido Miguel Blesa –posteriormente sería archivada la causa– según distintas fuentes, contaría con no pocos apoyos del «grupo progresista» del CGPJ. Es especialista en violencia de género.

En total, se trata de 28 candidatos que tendrán que pasar el correspondiente «examen» en el Consejo General del Poder Judicial, antes de que el Pleno realice las designaciones, previsiblemente a finales de junio.