El «chófer de la coca» dice que Griñán se vio con Guerrero para desatacar los pagos

El caso de los ERE fraudulentos vuelve a poner al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el ojo del huracán. El juzgado encargado de la instrucción dio ayer traslado a las partes de más de medio centenar de tomos con miles de folios sobre la rama que permanecía en secreto desde el mes de noviembre, centrada en el cobro y reparto de sobrecomisiones millonarias y su introducción en el sistema financiero a través de empresas pantalla. Por esta importante línea de investigación, la juez Alaya detuvo a 22 personas a finales de marzo, en el marco de la «operación Heracles», un «punto y seguido» en el caso, según la magistrada señaló en un auto. Una de las personas que fue llamada de nuevo por Alaya para que declarara fue Juan Francisco Trujillo, ex chófer del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999-2008), actualmente en prisión. Trujillo, a preguntas de su defensa, hizo algunas revelaciones que obvió en su primera comparecencia judicial tras la que salió camino de prisión. Entre ellas, que Guerrero se reunió con Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), «y también con el secretario de Hacienda o el secretario de Economía –en aquel momento el cargo lo ocupaba el actual consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila– para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas». Trujillo señala que supo de este encuentro porque Guerrero se lo comentó en el trayecto de vuelta desde la Consejería de Hacienda a la Dirección General de Trabajo. Asimismo, manifestó tener «conocimiento de llamadas de Griñán a Guerrero» para interesarse «por el tema». La respuesta de Guerrero era que «tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos».

Esta revelación pone a Griñán en una situación muy complicada, pese a que ayer saliera a paso negando los hechos. «En mi vida me he reunido con el señor Guerrero y nunca ha sido director general mío», señaló. Durante la etapa en la que Griñán estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, la Intervención General de la Junta ya alertó reiteradamente –hasta en 15 ocasiones– de que se estaban produciendo irregularidades. El motivo principal era que la fórmula elegida para el pago, la transferencia de financiación de explotación, estaba generando un desmán contable de grandes proporciones, con partidas fuera de cobertura presupuestaria, además de prescindir la Junta «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Tal era el desmán que el desfase contable en 2003, contenido en el informe de 2005, se elevaba a 38 millones de euros. Todos estos avisos le llegaron a Griñán, aunque se ha defendido hasta ahora señalando que quien debía actuar era la Consejería de Empleo. Por eso su ex viceconsejera, ahora titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no le dio traslado de los mencionados informes.

Lo inexplicable es que el consejero de Hacienda no se enterara de un problema de tanta envergadura, con desfases contables millonarios y retrasos en los pagos que estaban creando un serio problema con las aseguradoras. La oposición le ha preguntado reiteradamente por ello sin encontrar una respuesta convincente. Sólo en una ocasión Griñán, por apuntarse un logro, ha reconocido que medió desatascando la situación. Fue en su segunda comparecencia parlamentaria, la del 3 de abril de este año. Aseguró que en 2005, el desequilibrio presupuestario –que generaba la fórmula irregular elegida– era de 95 millones de euros, mientras que cuando dejó el cargo en 2009 para relevar a Chaves se redujo a cero. ¿Tuvo o no tuvo entonces conocimiento de las irregularidades administrativas que se estaban produciendo?

Esta presunta reunión con Guerrero abona la teoría de que sí pudo tener conocimiento muy en detalle de irregularidades que se estaban produciendo. Y lo peor, en su contra, es que puede dar pie al juzgado a que trate de esclarecer su posible implicación en la causa.

El ex chófer es uno de los imputados que más está colaborando con la juez y «tirando de la manta». Ya hizo otras sonadas declaraciones, como el gasto mensual de 25.000 euros junto a su ex jefe provenientes de ayudas públicas en cocaína. También dijo en su primera declaración que viajó en varias ocasiones a Madrid a recoger dinero en sobres del directivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín. Éste lo negó, pero acabó en prisión –de la que salió esta semana– y la juez y la Guardia Civil confirmaron la verosimilitud de las acusaciones.