El Constitucional suspende por unanimidad la consulta soberanista

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la consulta soberanista catalana tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la convocatoria del 9 de noviembre. ►Artículos de: Francisco Marhuenda, Ely del Valley César Vidal

Una actuación judicial exprés y una respuesta del Tribunal Constitucional a las horas de que en el registro se formalizara los recursos de la Abogacía del Estado contra la ley de consultas y el decreto de convocatoria para el 9-N. El Consejo de Ministros decidió el sábado impugnar ambas resoluciones del Parlament, firmadas en un solemne acto por Artur Mas, nada más aparecer su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. El Consejo de Estado, de forma poco habitual, se reunió el domingo para elaborar el correspondiente dictamen preceptivo, en el que ya se advertía, como adelantó ayer este periódico, que lo que pretendía Mas no era otra cosa que una «ficción de referéndum». Sobre las 13:00 horas de ayer, la Abogacía del Estado formalizaba su recurso ante el Tribunal Constitucional contra ambas normas catalanas.

El Alto Tribunal, también en una decisión poco habitual, pero justificada por la materia que se trataba, acordaba reunirse en pleno a partir de las 18:30 horas. Pasados unos 90 minutos, el Pleno dictaba las correspondientes providencias de admisión a trámite, «una vez comprobada la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad» de los escritos de demandas, y suspensión provisional de las mismas. Esa decisión no era mi más ni menos que la esperada y la única posible, toda vez que los Servicios Jurídicos del Estado habían invocado el artículo 161.2 de la Constitución, el cual le faculta para impugnar normas autonómicas, con la consecuencia inmediata de la suspensión de la misma. Ahora, el TC deberá ratificar o levantar esa decisión en un plazo máximo de cinco meses.

Por ello, y de acuerdo con el citado precepto constitucional, es por lo que el TC suspender el Decreto de convocatoria y la ley de consultas, que tendrá desde ayer mismo para las partes del proceso y desde su publicación en el BOE para los terceros que puedan tener algún tipo de interés.

El Alto Tribunal ha dado traslado de las demandas al Congreso, Senado, Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat para que, en un plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con esta decisión, el Alto Tribunal no entra en el fondo, sino que comienza un proceso que es imprevisible determinar cuándo puede finalizar con la correspondiente sentencia. Baste recordar que tiene pendiente de resolver el recurso de inconstitucionalidad que interpuso a finales de diciembre de 2010 el Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, contra la ley de consultas populares por vía de referéndum aprobada en marzo de 2010, cuando gobernaba en Cataluña el tripartito, es decir, PSC-ERC-IU. Sin embargo, cuando se presentó el recurso, CiU acababa de acceder al Gobierno catalán y en el Parlament había ya una clara mayoría nacionalista. Esa ley de consultas prevé solicitar al Gobierno central –y es la diferencia esencial con las ahora impugnadas y suspendidas– la convocatoria de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política».

Sobre este recuso pendiente, fuentes jurídicas consideran que el Alto Tribunal podía haber marcado ya las «líneas rojas» sobre las competencias concretas que tiene una comunidad autónoma para poder celebrar consultas.

Sobre esta cuestión, el ex presidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala ve «muy difícil» que el alto tribunal emita las correspondientes sentencias sobre las normas impugnadas antes de la fecha prevista para del referéndum independentista, el 9 de noviembre. En una entrevista en la Cadena Ser, Sala subrayó que el Constitucional no se demora deliberadamente, pero «hace las cosas no precipitadamente». «Necesita el tiempo de reflexión necesario» y «hará lo que tenga que hacer con criterios jurídico-constitucionales», afirmó al respecto.