El ex interventor de la Junta declarará para desmontar a Chaves y Griñán

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita también que comparezca el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

Las declaraciones del ex consejero de Empleo José Antonio Vieira, de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, y del ex consejero de presidencia Gaspar Zarrías ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del Supremo que investiga si estos cuatro aforados y la ex también consejera de Presidencia María del Mar Moreno tuvieron alguna relación con el fraude los ERE, vinieron a coincidir en un punto común de defensa. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) nunca les advirtió de las posibles ilegalidades en el sistema empleado para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis y de subvenciones a las mismas.

Como consecuencia de que todos «apuntaban» al ex interventor, quien siempre ha sostenido que advirtió en sus informes de todas esas irregularidades, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer al instructor que cite a declarar como imputado a Manuel Gómez, la misma condición en la que se encuentra en el procedimiento que instruye la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, solicitud que ya había sido hecha hace días por la acción popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias. El propio interventor, nada más finalizar la declaración de Griñán, hizo público un comunicado en el que expresaba su deseo de comparecer ante el Tribunal Supremo para revocar las tesis de esos cuatro aforados. Todo hace indicar que el magistrado Alberto Jorge Barreiro accederá a la petición fiscal y le citará en fechas próximas.

Las alusiones al ex interventor fueron directas por parte de algunos de los aforados. Así, Griñán afirmó que desde la Intervención nunca recibió informe alguno donde se advirtiera de que el sistema empleado para la concesión de esas subvenciones y ayudas sociolaborales era ilegal, y que, en todo caso, lo que apreció la IGJA fue una mera discrepancia contable y propuestas para de mejorar el control de esas partidas.

Más contundente, incluso, fue Gaspar Zarrías, que fue más allá al afirmar que la Intervención nunca se opuso a las modificaciones presupuestarias. «Nunca, en el ámbito de sus funciones, le comunicó nadie que estos procedimientos vulneraban el Derecho ni los servicios jurídicos, ni conoció ningún informe de la IGJA que le alertara sobre esas posibles irregularidades».

Sin embargo, de los distintos informes de la IGJA parece desprenderse lo contrario de lo declarado por los aforados. Así, este organismo emitió hasta 15 informes en los que alertaba del uso irregular de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE. El primero y más contundente de todos ellos lo trasladó en 2005 y en él advertía de que la Consejería de Empleo estaba concediendo subvenciones «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido». Todos ellos están incorporados en la causa y los destinatarios legales de los mismos eran los consejeros afectados,a saber: José Antonio Griñán como responsable de Hacienda; el titular de Empleo Antonio Fernández –Viera dejó de serlo en 2004–, y Francisco Vallejo, consejero de Innovación, que prestó declaración en el TSJA como aforado regional, condición que ha perdido tras las últimas elecciones. Todas las auditorías de la Intervención a la empresa pública que pagaba las ayudas –hasta sumar las 15 mencionadas– detectaron el uso irregular de estas transferencias, motivo por el que la jueza Mercedes Alaya señala como responsable a todo el Consejo de Gobierno, que además aprobó modificaciones presupuestarias para hacer frente a los pagos de los ERE.