El fiscal del TS pide dos años de suspensión para el juez acusado de asesorar en las ITV

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita una pena de dos años de suspensión de empleo o cargo público y multa de 27.000 euros para el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, Joaquín José Ortiz Blasco, al entender que existen indicios suficientes de que asesoró, cuando era presidente de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, a dos empresarios vinculados con las adjudicaciones de las ITV, en asuntos en los que posteriormente tendría que participar. El fiscal considera que ha incurrido en un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de su función, por lo que solicita que se decrete la apertura de juicio oral contra el citado magistrado.

En el informe remitido al instructor de la causa, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio Público destaca que de los mensajes e intervenciones telefónicas intervenidas, junto con la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha quedado acreditado que el magistrado «asesoraba de forma permanente a CERTIO –del que los principales responsables eran Josep Puignou y Enric Marugán– y a la Generalitat sobre asuntos que necesariamente debían resolverse judicialmente en la sección que presidía, incluso en recursos en los que era ponente y mientras lo estaba siendo, comprometiendo la rectitud e imparcialidad de la función pública de realizar la Justicia». Y en todas sus actuaciones, añade el fiscal, tenía como objetivo central «beneficiar los intereses» de esa sociedad.

En otro momento de su informe salen a relucir algunas de las conversaciones telefónicas mantenidas por «interlocutores de condición política», que tenían igualmente interés en todo lo relacionado con los concursos de adjudicación de ITV. Por ejemplo, cita la que mantiene el empresario Sergio Alsina y Oriol Pujol, entonces secretario general de Convergència, en la que éste le pregunta al primero si «él –por Tous– puede tener la oportunidad de entrevistarse con ese juez, el Josep Tous, o no», a lo que Alsina contesta con un rotundo: «Sí, sí». La conversación la termina Pujol: «Pues vale, que lo haga».

Asimismo, el magistrado tenía perfectamente claro, indiciariamente, su papel de asesoramiento, hasta el punto de que, según detalla el fiscal, «diseñó una hoja de ruta que poseía la finalidad de mantener el statu quo en beneficio de CERTIO y de la Generalitat: modificación legislativa que incidiese en el interés público de las inspecciones, denegación del lote de velesa...» para llegar finalmente a un «pacto entre los antiguos y nuevos concesionarios que permitiese a todos ellos disfrutar de estaciones, sin exclusión de ninguno de los operadores para evitar la litigiosidad». También promovió ante letradas de la Generalitat una «reforma legislativa» e incluso les presentó a Puignou, «con completa representación escénica» y ocultando que era representante de una de las empresas que aspiraba a concesiones, como un «experto mundial en el mercado de las ITV, que no siempre vivía en Barcelona».