El futuro de la Infanta, en sus manos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, encargada de decidir sobre la imputación de la Infanta Cristina, tiene merecida fama de tribunal implacable contra la corrupción. Pródiga en condenas en este terreno, la Sala está presidida por el progresista Diego Gómez-Reino, quien probablemente integre el tribunal junto a Juan Jiménez Vidal, también de Jueces para la Democracia (JpD), y Mónica de la Serna (APM). Éstos son sus cinco magistrados:

Diego Gómez-Reino

Coruñés y gallego ejerciente, el presidente en funciones de la Sección Segunda es un magistrado tan extrovertido fuera de la sala como expeditivo dentro de ella. Perteneciente a la progresista Jueces para la Democracia, ha sustituido hace unos meses, de forma provisional (la plaza todavía no ha salido a concurso), a Edwuardo Calderón al frente de la sección. Deportista y muy aficionado a la natación (disciplina en la que compite alguno de sus hermanos), pasa por ser un hombre «agradable de trato, de ideas claras y con fama de buen magistrado».

Gómez-Reino ha sido ponente, entre otras resoluciones, de la sentencia del «caso Son Banya», que condenó en febrero de 2009 a 22 años de prisión a la matriarca del clan de Son Banya, Francisca Cortés «La Paca», y a nueve años y medio de cárcel al ex inspector de la Policía José Gómez por cohecho. Además, ha sido el encargado de redactar varias sentencias del voluminoso «caso Andratx», la primera gran investigación sobre la corrupción urbanística en Baleares.

Hasta el pasado viernes, este juez del que ponderan su carácter resolutivo y la agilidad con la que conduce las vistas (no tiene reparos en cortar en seco a los abogados) presidía el tribunal del «caso Kabul», que juzgó el mayor macroproceso de narcotráfico de la historia de las islas, sentando en el banquillo a 55 procesados.

Mónica de la Serna

Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), «no es una jueza conservadora al uso», afirman quienes la conocen bien, que destacan sus planteamientos «progresistas» en cuestiones sociales. Lleva cerca de una década en la Audiencia Provincial de Palma, donde se le tiene por una mujer «de talante conciliador y trato agradable aunque reservada». Dedicada a partir de ahora «en cuerpo y alma» a redactar la compleja sentencia del «caso Kabul», está descartada como ponente del auto en el que se resolverá la imputación de la Infanta.

Casada y madre de dos hijas, fue la ponente de la sentencia que, en julio del año pasado, condenó a cinco años y medio de cárcel por desviar fondos públicos a María Antonia Munar, ex presidenta del Consell de Mallorca, en el «caso Maquillaje», pendiente de que el Tribunal Supremo (TS) confirme esta última resolución (avalada ya por la Fiscalía). El Alto Tribunal corrigió, en febrero de 2009, una sentencia de la que fue ponente la magistrada zaragozana, la del «caso de la factura falsa» en la Comandancia de Baleares, absolviendo al teniente coronel de la Guardia Civil Luis Cuadri, condenado por la Audiencia Provincial a tres años de prisión por falsedad documental, y al capitán José López Trujillo.

Juan Jiménez Vidal

Apenas lleva un año y medio en la Audiencia de Palma. Mallorquín de ascendencia andaluza, procede de la Jurisdicción Social y accedió a la judicatura por el cuarto turno (reservado a juristas de reconocido prestigio) como abogado laboralista. Asociado a Jueces para la Democracia y «muy de izquierdas», quienes le han tratado le definen como «muy bonachón, simpático y afable». Como juez principiante en la jurisdicción penal, en sus resoluciones «suele ser muy prolijo en jurisprudencia para no pillarse los dedos».

Carmen Ordóñez

Jueza sustituta, lleva pocos meses en la Audiencia, donde está «muy bien considerada». El criterio de la Sala de Gobierno de que los jueces sustitutos no pueden ser ponentes en casos de corrupción de especial complejidad (extensible a la hora de formar Sala) casi la deja fuera del tribunal.

Leonor Moyá

Abogada mallorquina, acaba de acceder a la carrera judicial y todavía no se ha incorporado a la Sección Segunda. Podría integrar la Sala que decida el recurso, pero «en ningún caso será la ponente».