El Gobierno no podrá reformar la Ley de Extranjería antes del verano por la UE

La reforma de la Ley de Extranjería no estará lista en meses. La previsión en el Gobierno es que no haya texto legal hasta por lo menos después del verano, es decir, hasta el próximo periodo de sesiones. Y la explicación está en la negociación con la Unión Europea (UE).

Las cosas que dependen de Bruselas llevan su tiempo, incluso aunque la realidad de Ceuta y Melilla evidencie cada día la urgencia de encontrar nuevas respuestas para hacer frente a las avalanchas y nuevas estrategias de movilización de los inmigrantes para entrar de manera ilegal en España y, con ello, en la Unión Europea. A mediados del pasado mes de febrero, el ministro del Interior, Jorge Fernández, anunciaba que su Departamento estaba estudiando una posible reforma de la normativa de inmigración porque la Ley de Extranjería no está pensada para la realidad específica de Ceuta y Melilla. También justificó ese cambio en la necesidad de dotar a la Guardia Civil con una normativa jurídica que le permita cumplir con su obligación de impermeabilizar las fronteras. La iniciativa debía ajustarse a un doble objetivo, garantizar todos los derechos y la integración social de los extranjeros, y, al mismo tiempo, blindar el derecho y el deber de controlar las fronteras y asegurar que se entre en España de forma legal y por los sitios habilitados.

El Gobierno no ha concretado más esta reforma, aunque sobre la mesa quedó la idea de legalizar las «devoluciones en caliente». Es decir que Interior se dote de una base legal para poder aplicar sin trabas el acuerdo de inmigración con Marruecos que permite devolver de manera inmediata, y sin ningún trámite, a los extracomunitarios que entren de manera ilegal en territorio nacional. Para ello habría que modificar el Reglamento que desarrolla la actual Ley de Extranjería de 2009, en el que se establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras conducirán a los extranjeros que entren de manera irregular en España a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación y, en su caso, su devolución. La actual redacción también garantiza la asistencia jurídica y la asistencia de intérprete si el extranjero no comprende o habla las lenguas oficiales.

Los técnicos del Gobierno se han encontrado con que la eliminación de estas garantías para los extracomunitarios, que tienen su embrión en la etapa del Gobierno de Aznar, puede colisionar con las normas comunitarias. En concreto, con la directiva de 2008 sobre el retorno de nacionales de terceros países, que blinda el derecho de los extranjeros a recurrir cualquier expulsión. «La reforma de la Ley de Extranjería va despacio porque se está analizando al detalle, midiéndolo todo bien, y, además, esto hay que hacerlo con la Unión Europea», explican los técnicos de Extranjería de Interior. En este estudio también se está valorando el hecho de que el acuerdo de Marruecos y España de 2012 especifica que los extranjeros que hayan cruzado la frontera de manera ilegal deben ser identificados en la comisaría para a continuación comunicarle a Marruecos el caso y que sean deportados de manera inmediata.

Desde el Gobierno recuerdan su posición en defensa de que Bruselas se implique en la búsqueda de soluciones para un problema de Europa, no sólo de España, «y esto justifica que antes de actuar lo hablemos con ellos».