El juez estudia si archiva la causa contra el ex embajador en Kabul

La Abogacía del Estado insta la medida y responsabiliza a la Policía de «velar por la seguridad» de la sede que sufrió un ataque talibán en 2015.

La Abogacía del Estado reclama al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive la investigación por homicidio imprudente contra el ex embajador español en Kabul (Afganistán) Emilio Pérez de Ágreda y el que fuera su segundo en la legación, Emilio Sola, por su supuesta responsabilidad en las deficiencias de seguridad en la sede diplomática en la que murieron dos policías el 11 de diciembre de 2015 en un atentado talibán. En un escrito remitido al instructor de la causa el pasado 24 de abril –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, los Servicios Jurídicos del Estado (que defienden a los dos investigados en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que además se enfrenta a una posible responsabilidad civil por estos hechos) sostienen que las diligencias practicadas desde que, el pasado noviembre, Pedraz admitió a trámite la querella presentada por familiares de las víctimas han demostrado «sin género de duda» que las imputaciones contra los dos diplomáticos son «gravemente falsas y erróneas».

«No resulta de la causa –afirma la abogada del Estado María José Ruiz– ni un solo indicio de los comportamientos que la querella, de forma gravemente errónea, atribuía a nuestros representados y menos aún de la causación de los resultados lesivos apuntados» (dos delitos de homicidios imprudente y otros siete en grado de tentativa).

La Abogacía defiende que del informe del Ministerio del Interior de 2008 (en el que ya se alertó del riesgo de asalto a la embajada), y del que remitió Exteriores sobre mejoras en los accesos a las instalaciones antes del atentado, «se desprende inequívocamente que era el equipo de seguridad tanto estática como dinámica de la embajada quien tenía las funciones de velar por la seguridad de la legación». Asimismo, añade, eran el dispositivo policial y la guardia afgana los encargados de comprobar que los dispositivos de seguridad (entre ellos las protecciones de la azotea) «continuaban instalados y en funcionamiento», de efectuar el control de los accesos y visitas» y de activar, en caso necesario, el plan de emergencia.

Para la Abogacía del Estado «se ha revelado como absolutamente falaz» la imputación de que el entonces embajador y su número dos habrían facilitado la planificación del atentado al ignorar los cuatro informes que los responsables de seguridad de la embajada les remitieron (entre agosto de 2014 y agosto de 2015), denunciando carencias en las instalaciones, y permitiendo el acceso de los terroristas y la retirada, unos días antes, de unas placas de la azotea (desde donde durante el ataque dispararon los tres asaltantes).

Los informes de seguridad remitidos por los agentes a los dos diplomáticos –subraya la Abogacía del Estado– «eran puntual y escrupulosamente atendidos», porque para ellos y sus predecesores «la seguridad ha sido siempre una prioridad absoluta». Difícilmente, añade, puede atribuírseles «pasividad» si el propio Sola encargó un informe al jefe de seguridad de la legación en agosto de 2015 para entregárselo a Pérez de Ágreda.

La Abogacía califica de «absoluta mendacidad» afirmar que Sola ocultó deliberadamente al equipo de seguridad la alerta de atentado que llegó a la embajada horas antes del asalto talibán.