El juez que fue alto cargo con Caamaño instruirá una causa de corrupción que afecta al PSOE

El mismo día que el PSOE presentaba la recusación contra el magistrado Enrique López para intentar apartarle del enjuiciamiento del «caso Gürtel», se conocía que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, será quien se haga cargo de la causa conocida como «caso Madeja», que instruyó en un principio la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, en la que hay 95 imputados –casi la mitad eran eran funcionarios públicos– y donde se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una «organización criminal jerarquizada que tendría como centro» a la empresa Fitonovo y donde el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta, el Ministerio de Fomento en las direcciones provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz, la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) figuran entre las administraciones públicas «afectadas». De esa forma, José de la Mata, quien antes de regresar al servicio activo de la Carrera Judicial fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el entonces ministro socialista Francisco Caamaño, tendrá que investigar la actuación de esos imputados, algunos de los cuales ocuparon cargos en el PSOE de Andalucía, como el ex concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo (PSOE), al que se impuso una fianza de 715.000 euros, así como Domingo Enrique Castaño, ex asesor del grupo socialista y «mano derecha» del entonces alcalde sevillano, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien tiene impuesta una fianza por posible responsabilidades civil de 7,6 millones de euros. De hecho, las investigaciones se centran fundamentalmente en las adjudicaciones durante la etapa de Gobierno PSOE-IU en el Ayuntamiento de Sevilla. Alaya atribuía a ambos partidos el cobro entre los años 2003 y 2011 de comisiones ilegales de la empresa Fitonovo, mientras gobernaban en el consistorio hispalense, para obtener obtener a cambio obras y servicios públicos.

Sin embargo, todas las fuentes jurídicas consultadas coincidieron en que su pasado político no le inhabilita lo más mínimo para instruir ese procedimiento, y, es más, nadie duda de que actuará, «como ha hecho en toda su vida profesional», con plena independencia, al margen de que en sus etapas anteriores hubiese sido avalado por cargos socialistas. En ningún momento De la Mata ha dado muestra de parcialialidad alguna sino, precisamente, todo lo contrario.

En cambio, el PSOE sí que tiene mucho más que sospechar de la imparcialidad de Enrique López para juzgar el «caso Gürtel». Así, señala el hecho de que fue propuesto por el PP para vocal del Consejo General del Poder Judicial, aunque se omite que fue apoyado por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, así como su «vinculación» con la fundación FAES, que preside José María Aznar y de la que también forma parte Ana Mato –quien está acusada en ese procedimiento como partícipe a título lucrativo de los delitos que se imputan a su ex marido, Jesús Sepúlveda–, por haber participado en cursos organizados por la misma, así como acudir a una conferencia que organizó el PP en 2006 sobre el modelo de Estado y a un acto electoral en 2007.

Por ello, los socialistas sí consideran que en el caso de Enrique López la «afinidad ideológica» es un «soporte» para la recusación, porque, se afirma, aunque todo el mundo tiene una determinada «posición ideológica», en cambio la «afinidad política puede suponer un sesgo, en la medida en que puede desviar las posiciones imparciales necesaria para el enjuiciamiento, debido a la amistad o al interés en la defensa de unas determinadas personas que pertenecen a un concreto partido político».