El PNV esconde sus exigencias para una investidura socialista

Pablo Gómez - Ayer no era víspera del 6 de enero pero los portavoces de los ocho grupos minoritarios del Congreso de los Diputados aprovecharon el día para desgranar su carta de deseos y reivindicaciones. Y lo hicieron ante el Rey, primero, y ante los medios de comunicación después –salvo los nacionalistas vascos–, en el arranque de la ronda de contactos previa al encargo que, previsiblemente, reciba Pedro Sánchez para acudir en las próximas semanas a una sesión de investidura y conformar un gobierno. Para ello, ya lo sabe oficialmente también desde ayer, el presidente en funciones necesitará de 176 votos a favor –y no 174– en la primera ronda o, en su defecto, más «síes» que «noes» en la segunda.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, fue el último en acudir a Zarzuela. Los votos de sus seis diputados entran en todas las quinielas para hacer presidente a Sánchez. Ya fueron decisivos en junio de 2018 con motivo de la moción de censura contra Mariano Rajoy y, ahora, el visto bueno del nacionalismo vasco se antoja bastante factible.

Tras su reunión con Felipe VI, no hubo comparecencia de Esteban ante los medios. Esquivó a la Prensa y esta falta de transparencia tuvo continuidad en la posterior nota enviada a los medios, en la que los nacionalistas vascos se limitaron a informar de que el encuentro se había prolongado durante una hora y que éste «se enmarca dentro de las consultas que realiza el monarca con los partidos para proponer un candidato a la Presidencia».

El mutismo de Esteban, más allá de evidenciar la habitual estrategia peneuvista de esconder las cartas en sus negociaciones con Madrid, no contradice ni altera en modo alguno la relación fluida que Sánchez y el PNV han mantenido durante los últimos doce meses, apuntalada además por el Ejecutivo de coalición que ambas formaciones comparten a nivel autonómico en Vitoria. Fruto de esa buena sintonía, el Ejecutivo socialista cerró con los nacionalistas vascos acuerdos para la cesión de cuatro de las 33 competencias pendientes a esta autonomía, y que se incluyeron en el Estatuto de Gernika del 79. El PNV dijo «sí» a varios de los decretos sociales impulsados por Moncloa en el epílogo de la pasada legislatura y, a cambio, la comunidad vasca logró asumir la titularidad de una parte de la autopista A-68. Del mismo modo, se avanzó en el traspaso de la competencia sobre el seguro escolar, la ejecución en torno a legislación estatal de los productos farmacéuticos y la responsabilidad sobre las ayudas previas a la jubilación de los trabajadores afectados por un ERE. La convocatoria anticipada de elecciones frustró el traspaso de nuevas competencias y ahora, sobre la mesa negociadora, Esteban y su equipo volverán a echar el resto. Quizá de nuevo, sin luz ni taquígrafos.