El PP da diez días a los ediles de Valencia para que dimitan

Si no cumplen el mandato, la dirección nacional tomará medidas para apartarlos, en virtud del expediente disciplinario que ya está abierto

Lourdes Mengual, concejal del PP, sale del juzgado despues de declarar en Valencia
Lourdes Mengual, concejal del PP, sale del juzgado despues de declarar en Valencia

Si no cumplen el mandato, la dirección nacional tomará medidas para apartarlos, en virtud del expediente disciplinario que ya está abierto

Ayer hubo reunión en Génova para afrontar la crisis del PP valenciano. Y la organización regional remitió también una carta certificada a los nueve ediles de su partido que están siendo investigados por supuesto blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia para comunicarles que tienen 10 días para entregar sus actas. Si no cumplen el mandato, la dirección nacional, en virtud del expediente disciplinario abierto, tomará medidas para forzar que se aparten de sus responsabilidades dentro del partido. Así, a partir de la recepción del escrito la dirección regional del PP les da diez días hábiles para entregar su acta, tal y como acordaron tras la reunión del pasado 15 de febrero con la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, para el caso de que se mantuviera sobre ellos la condición de investigados, una vez que se levantara el secreto de sumario sobre los hechos bajo proceso judicial.

Los concejales afectados se han negado hasta ahora a cumplir ese compromiso, y la dirección nacional ha mantenido durante todo el tiempo la presión para forzar una salida que suponga que den un paso atrás, aunque sea que se aparten temporalmente de sus responsabilidades hasta que se aclare el proceso judicial. En ese sentido está trabajando el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, quien el lunes anunció que «en horas o en días» se arreglaría la situación.

Los nueve concejales populares investigados en el «caso Taula» han mantenido el pulso a Madrid al conjurarse para esperar a que avance la investigación con el argumento de que siguen convencidos de su inocencia una vez que se levantó parcialmente el secreto del sumario. Su expulsión supone que el PP se quedaría en el Ayuntamiento de Valencia con un solo concejal, mientras que los otros nueve formarían un grupo de no adscritos, siendo con Compromís el grupo más numeroso del consistorio. La decisión de Génova y de la dirección regional, que ha tenido que crear una gestora ante la crisis abierta en el partido, es asumir este coste político en el Ayuntamiento valenciano para compensar el desgaste que a nivel nacional les está generando este caso de corrupción. Destacados dirigentes nacionales como los vicesecretarios Pablo Casado o Javier Maroto han mostrado en público su malestar por la situación del PP valenciano, haciéndose eco de las críticas de las bases ante los escándalos que han afectado a organizaciones regionales como la valenciana o la madrileña.

El expediente disciplinario abierto por la dirección nacional en relación a Valencia afecta a todos los implicados, incluida la ex alcaldesa y senadora Rita Barberá. Respecto a su situación, la posición oficial de Génova es que el punto de inflexión lo marcaría un escenario en el que fuese imputada por el Tribunal Supremo en la causa abierta. El pasado 14 de marzo el juez Víctor Gómez inició el proceso para pedir al Tribunal Supremo la imputación de la ex alcaldesa después de que el levantamiento del secreto de sumario confirmase los indicios de comisión de un delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular en el Ayuntamiento.

Tanto la ex alcaldesa como los nueve concejales imputados se aferran a la teoría de que detrás de la investigación policial y judicial hay una conspiración, y apuntan contra la ex edil de su partido María José Alcón, a la que acusan de buscar intencionadamente involucrarlos en el supuesto delito en una de las conversaciones que la Guardia Civil les grabó con autorización del magistrado.