El presidente del Parlamento andaluz recibe hoy a la plataforma que quiere expropiar la mezquita de Córdoba

Probablemente no sea más que un gesto de cortesía institucional. Pero no deja de ser significativo que el presidente del Parlamento andaluz, el socialista y precisamente diputado por Córdoba Manuel Gracia, vaya a mantener hoy una reunión con representantes de la Plataforma «Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de tod@s», impulsora de una iniciativa para expropiar el templo a la Iglesia católica. Según consta en la agenda semanal de la Cámara andaluza, el encuentro tendrá lugar hoy a las 11:00 horas en el salón de Protocolo del Parlamento andaluz, tras el que el portavoz de la Plataforma, Miguel Santiago, ofrecerá a la prensa sus explicaciones y valoraciones sobre el encuentro en el que el colectivo informará al presidente tanto de su posición como de sus demandas, y le hará entrega de un informe de denuncia sobre la gestión actual del monumento.

No es la primera vez que el debate sobre la titularidad pública de la mezquita catedral llega al Palacio de la Cinco Llagas, sede actual de la Cámara andaluza. El pasado mes de marzo, el Grupo Parlamentario del PP andaluz solicitó la comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ostenta las competencias sobre patrimonio, para que informara sobre la posición del Consejo de Gobierno autonómico en este asunto. Asimismo, grupos islámicos han querido desde el primer momento involucrar no sólo a la Junta de Andalucía –que pidió un informe jurídico para analizar la viabilidad de la propuesta–, sino también al Parlamento andaluz para que plantearan un recurso de inconstitucionalidad a la norma que permitió a la diócesis de Córdoba inmatricular a su nombre la catedral.

La campaña por la expropiación de la mezquita de Córdoba se inició el pasado 11 de febrero. Y desde entonces ha recogido más de 365.000 firmas en el portal Change.org, con una propuesta para que la titularidad de la catedral pase a ser pública y denunciando «los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba». El objetivo de la iniciativa es que intervengan «las administraciones públicas» y la «Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como Patrimonio Mundial». Con este encuentro dan un paso más en su estrategia para conseguirlo.