El desafío independentista

El Rey no tiene que recibir a Torrent

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El Rey no tiene que recibir a Torrentlarazon

Roger Torrent disfrazó ayer de desplante lo que está contemplado por ley. Según se encargó de dejar claro a primera hora de la mañana de ayer, incluso antes del resultado de la segunda votación por la que se invistió a Torra presidente de la Generalitat, no tiene intención de desplazarse a Madrid para informar a Felipe VI en Zarzuela de dicho nombramiento. A Torrent le urgía dar el primer paso antes que al Rey, precisamente porque su «anfitrión» podía perfectamente no haberle recibido. Según estipula la ley, el Jefe del Estado tiene que ser informado oficialmente de la investidura del presidente de cualquier comunidad autónoma, pero el procedimiento no exige que sea presencial. Así sucedió en 2016 cuando, tras la investidura del entonces elegido Carles Puigdemont, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, solicitó entrevistarse con el Monarca y la Casa del Rey respondió que le informase por escrito. Una reacción que desde el sector secesionista se entendió como una ofensa. Y Torrent la lleva grabada, ya que en cuanto tiene oportunidad se encarga de hacérselo ver a Don Felipe. En la primera visita del Monarca a Cataluña en febrero después de las elecciones del 21-D con motivo del Mobile Congress, declinó estar presente en el tradicional besamanos. Y en esta ocasión ha basado la decisión de declinar una invitación aún no cursada en su rechazo al discurso a la Nación del Rey después del 1-O, en su crítica por no haber reconocido que hay «presos políticos» en Cataluña y por no solidarizarse con lo que considera víctimas de la actuación policial para frenar el referéndum ilegal.

Después de la investidura del escogido por Puigdemont, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe rubricar el decreto de dicho nombramiento, que se enviará a la Zarzuela para que Don Felipe lo refrende y se publique posteriormente en el BOE. Desde la Casa del Rey sostienen que su único objetivo será cumplir con los procedimientos constitucionales y, como cabía esperar, no entran a valorar la actitud de Torrent.