El tráfico de piedras a Gibraltar llegará también a la Fiscalía

El guión de la cita estaba fijado como en otras ocasiones. Activistas de Verdemar-Ecologistas en Acción se desplazaron en la mañana de ayer hasta la cantera ubicada en el Karst de la Utrera, perteneciente al término municipal de Manilva (Málaga), para seguir a los camiones cargados con un material que, aseguran, «ha sido conducido en más de una ocasión al Peñón para ejecutar rellenos en su cara este». Y ello, pese a que «sus costas están protegidas y son zona de especial conservación en las que no se pueden llevar a cabo ese tipo de trabajos». Fuentes de la organización conservacionista explican que el enclave geográfico donde está situada la cantera de áridos, «de alto valor ecológico y paisajístico», se degrada «a pasos agigantados». «Se ha vaciado completamente la montaña. Se la han comido y han dejado una pared exterior para aparentar que no», lamentan.

Conscientes de que las tareas extractivas son legales, piden que se limite la expansión de estas actividades para salvaguardar el Karst. Y, sobre todo, que «no se permita el empleo de esas piedras con el fin de ganar terreno al mar por parte de la Roca».

En ese sentido, sostienen que la orden del Ministerio de Interior a la Guardia Civil de impedir el paso a Gibraltar de camiones cargados con arena procedente de España no ha evitado que el miércoles se registrara tráfico de vehículos pesados repletos de piedras para los mencionados rellenos que el Gobierno de Fabian Picardo ha autorizado en la cara este, donde proyecta un complejo urbanístico, entre otras edificaciones. Esta mercancía sí logró cruzar la verja desde La Línea (Cádiz).

De ahí, que los ecologistas decidieran ayer superar de nuevo las trincheras de la retórica y actuar. Es más, según adelantó a este periódico el presidente de Verdemar, Antonio Muñoz, la organización «verde» estudia presentar una nueva denuncia ante la Fiscalía por el tráfico de piedras. En paralelo, piden al Gobierno central que «tome las medidas necesarias para proteger el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho Oriental, propuesto por España y aprobado por la UE, donde se llevan a cabo los espigones».

De hecho, Verdemar ya elevó en junio una denuncia a la Comisión Europea contra el Reino Unido en Gibraltar por la vulneración de la directiva sobre los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en relación a ese LIC, que forma parte de la Red Natural 2000.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se avisa de que el Peñón «está realizando rellenos de áridos, algunos con materiales contaminados, en los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina», sin considerar la presencia de especies protegidas. Recuerdan, asimismo, que el Ejecutivo de Picardo «está incumpliendo el Real-Decreto 160/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el LIC Estrecho Oriental y se aprueban sus medidas de conservación». Enumeran a Bruselas el conjunto de especies que «están siendo esquilmadas como consecuencia de la degradación de la zona, debido al trasiego de combustible –provocado por la práctica del «bunkering», es decir, el trasvase de fuel en el mar–, los garreos de buques, los rellenos, así como los vertidos de aguas residuales sin depurar en la zona de Punta Europa». Todo un catálogo de daños ambientales auspiciado por las autoridades de la Roca del que llevan meses llamando la atención.

En relación con la venta ilícita de la arena de la duna móvil de Valdevaqueros, en Tarifa, los conservacionistas confían en que las pesquisas de la Guardia Civil «permitan saber» cuestiones como «quién se ha lucrado gracias a ella» y con qué permisos se ha materializado. Desde esa óptica, fuentes del colectivo ecologista deslizan: «Si como dicen, el Peñón ha pagado por la arena millones de euros, habrá que investigar a quién».

Morenés y Gibraltar

En la entrevista que LA RAZÓN publicó el miércoles con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, hay una repuesta que el periódico considera conveniente aclarar. Cuando el ministro habla del conflicto en Gibraltar, concretamente del apoyo que los pescadores de La Línea están recibiendo por parte del Gobierno para poder faenar, es evidente que se refiere a las aguas que circundan el Peñón, pero en ningún momento Morenés ha querido transmitir que pertenezcan a Gibraltar.