El Tribunal de Cuentas se compromete a poner al día la fiscalización de los partidos

Dice el refranero que los españoles sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena... Y algo debe haber de cierto porque fue aparecer los «papeles de Bárcenas» y las dudas sobre la financiación de los partidos y entrar la fiebre de la ¿transparencia? y la revisión de las anquilosadas e ineficaces estructuras del sistema. El turno de autoenmienda corrió ayer por cuenta del máximo órgano fiscalizador del Estado, cuyo presidente se conjuró a acabar con el retraso en los informes anuales sobre la contabilidad de los partidos políticos. Ramón Álvarez de Miranda adquirió el compromiso ante la Comisión Constitucional que estudia el proyecto de Ley de Transparencia. Y no es poco porque la promesa incluye que antes de finales de año estarán listos los estudios contables de 2008, 2009, 2010 y 2011. El de 2008 estará acabado en mayo y los tres restantes, entre octubre y noviembre. Y si el Tribunal se viera incapaz de cumplir su promesa, el actual Consejo incrementará los medios para conseguirlo. La pregunta sería por qué no lo ha hecho antes, ya que el último informe de fiscalización aprobado de las cuentas de los partidos es de 2007.

En otro orden de asuntos, pero también en el marco de la tan deseada transparencia, Álvarez de Miranda defendió la aplicación del «espíritu» de la ley que tramita el Gobierno a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a las entidades privadas que reciban dinero público y cuya actividad tenga trascendencia pública y social. Se mostró contrario, sin embargo, a la fiscalización de la Casa Real. Y es que argumentó que la Constitución establece que el Rey dispone «libremente» de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de Cuentas, ya que cuenta con su propio servicio de intervención económica. A su entender, el texto que se tramita en el Congreso vendrá a cerrar una de las «carencias más significativas» del ordenamiento jurídico español y permitirá configurar «unos poderes públicos modernos». Y en cuanto a su propuesta para fiscalizar a sindicatos, partidos y organizaciones, puntualizó que lo más correcto sería incluir esos mecanismos de control en las leyes que los regulan específicamente, en vez de incluirlas en una Ley de Transparencia general.