En busca de un pacto contra la corrupción como colofón al Debate

Una reforma constitucional; un moratoria de despidos por causas económicas; la reducción de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco; medidas de regeneración democrática; transparencia en las cuentas de la Casa Real; un acuerdo nacional por el empleo; libertad de convocatoria para los referéndums...Un total de 105 propuestas de resolución, 15 por grupo parlamentario, y pocas tienen visos de ser aprobadas, ya que plantean una enmienda a la totalidad de la política económica y social del Gobierno. En todo caso forman parte de la liturgia parlamentaria que pone el broche final a todo Debate de la Nación, y el Pleno del Congreso las discutirá y votará el próximo martes.

Y si la corrupción ocupó buena parte del debate más importante del año, las resoluciones políticas, ídem. Y no sólo las de la oposición, también las del PP, que pide en una de las suyas que una ley controle la actividad financiera de los partidos, regule el papel de los responsables económicos de estas organizaciones y articule más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas. Parece un texto hecho a la medida de Luis Bárcenas, el nombre que nadie en la calle Génova quiere pronunciar, pero que ha empujado al grupo mayoritario a buscar un acuerdo de regeneración democrática que incluye la mayoría de las medidas que anunció Rajoy el miércoles.

El grupo popular cree que este acuerdo de todos los partidos tiene que incluir la aplicación de los criterios previstos en el proyecto de Ley de Transparencia de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, así como aquellas entidades que se financien «esencialmente» con dinero público. También defienden la aprobación de una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos con nuevas exigencias, procedimientos «mínimos» para la aprobación de sus cuentas, regulación del papel de sus responsables económicos y más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas. El partido que sustenta el Gobierno quiere impulsar asimismo una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que sea un «verdadero Estatuto del Cargo Público», de forma que estas personas estén obligadas a declarar sus bienes y actividades y haya auditorías que vigilen su situación patrimonial al final de los mandatos. La ansiada reforma de las Administraciones Públicas tendrá también una propuesta de resolución del PP, que por enésima vez apuesta por eliminar duplicidades y «clarificar» competencias.

Por su parte, el PSOE propone en sus resoluciones empezar ya a preparar la reforma de la Constitución para garantizar la protección de ciertos derechos como la Sanidad y la igualdad entre hombres y mujeres, pero también para cambiar el modelo territorial por un Estado de carácter federal. Los socialistas demandan ya la creación de una ponencia en el seno de la Comisión Constitucional para iniciar los trabajos. En otra de sus propuestas de resolución, concretamente la dedicada a las medidas para hacer frente a la corrupción, sugieren, al igual que han hecho otros grupos parlamentarios, incorporar a la futura Ley de Transparencia, a la Casa Real, los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicales y «cuantas organizaciones, entidades y empresas que dispongan de financiación pública equivalente al 40% al menos de sus ingresos». Reclaman también un acuerdo nacional contra el paro; una reforma fiscal «ambiciosa»; una modificación de la legislación hipotecaria y una moratoria inmediata de todos los procesos de ejecución y lanzamientos; la dimisión de Ana Mato, ministra de Sanidad y la supresión de todos los conciertos educativos con centros que segreguen por sexos.

Los nacionalistas catalanes incluyen en sus demandas una reducción del gasto en Defensa que recorte en personal, programas especiales de armamento y bienes inmuebles adscritos al mismo, además de un ajuste presupuestario en la Administración central. En concreto, reclaman ajustar las estructuras de los ministerios y entidades centrales, reduciendo a «los mínimos indispensables» sus estructuras administrativas cuando las competencias de sus ámbitos de actuación las tengan las comunidades autónomas.