Corrupción en Cataluña
ERC contrató 26 días a un ex consejero del Govern imputado para pagarle el paro
Una asociación de Esquerra fichó a Jordi Ausàs a pesar de que fue dado de baja como afiliado tras ser arrestado
Esquerra Republicana, a través de su asociación «Avancem cap a la sobirania», dio de alta en la Seguridad Social a Jordi Ausàs –ex consejero de Gobernación con el tripartito y que permanece imputado por contrabando de tabaco– en una maniobra que pudo haber realizado para facilitarle cobrar el paro
Esquerra Republicana, a través de su asociación «Avancem cap a la sobirania», dio de alta en la Seguridad Social a Jordi Ausàs –ex consejero de Gobernación con el tripartito y que permanece imputado por contrabando de tabaco– en una maniobra que pudo haber realizado para facilitarle cobrar el paro. Según la documentación a la que ha tenido acceso a este diario, la asociación «Avancem cap a la sobirania» (Avancemos hacia la soberanía), domiciliada en la sede de Esquerra, pidió la inscripción como empresa en la Seguridad Social el 14 de diciembre de 2012. Sólo cuatro días después, el 18 de diciembre, dio de alta a Ausàs –que había cotizado como autónomo durante un año– y 26 días después, el 12 de enero de 2013, procedió a la baja de su contrato temporal.
Ausàs contó en todo momento con la colaboración de Guillem Clapés, miembro de la ejecutiva de ERC como secretario de imagen y comunicación del partido republicano. Clapés, presidente de la citada asociación, fue quien solicitó inscribir a «Avancem cap a la sobirania» en el sistema de la Seguridad Social para poder realizar posteriormente la contratación del ex consejero.
Fuentes conocedoras de estas maniobras aseguran que el caso de Ausàs llamó la atención a los empleados de la Seguridad Social por las «anomalías detectadas» y el asunto acabó en manos de la Inspección del Trabajo. Las mismas fuentes apuntan que existen «indicios de delito», puesto que se puede tratar de un caso de fraude a la Seguridad Social y de falsificación de documento público. Todo apunta, por tanto, a que la Fiscalía se hará cargo del caso para impulsar la investigación.
ERC, que en las últimas semanas ha reclamado sin rubor a sus adversarios que hagan «limpieza» en sus formaciones por los diversos casos de corrupción que azotan a Cataluña, no tuvo inconveniente en contratar a Ausàs, a pesar de que el partido le dio de baja (temporalmente) como militante republicano tras ser detenido el pasado mes de julio en su municipio, La Seu d'Urgell (Lérida), muy próximo a Andorra, por pertenecer a una banda de contrabando de tabaco. De hecho, Ausàs inclusó pasó dos noches en prisión hasta que pudo presentar la fianza de 145.000 euros impuesta por el juez. Posteriormente, la Audiencia de Lérida obligó a devolver este dinero al ex consejero y consideró innecesario su ingreso en la cárcel.
El contrabandista
Recientemente, el juzgado de La Seu D'Urgell ha imputado a la esposa de Ausàs y a su suegra como partícipes a título lucrativo de la banda de contrabando. Según las investigaciones, cuando el ex consejero fue detenido se encontraron en su domicilio cartones de tabaco por valor de 14.000 euros. Su labor podía consistir en cargar tabaco desde un aparcamiento de La Seu d'Urgell y transportarlo.
En la misma operación en la que se arrestó a Ausàs fueron detenidas en total siete personas (casi todos con domicilio en La Seu), que presuntamente formaban un grupo organizado especializado en el contrabando y distribución de tabaco en España. Desde que empezó la investigación policial, en mayo de 2012, habrían introducido un total de 300.000 euros en tabaco.
Desde que se conoció la detención del ex consejero, ERC expresó su «consternación» por un suceso que nadie sospechaba en la familia republicana. Los republicanos subrayaron que Ausàs siempre había tenido un «comportamiento digno» a lo largo de su trayectoria política y reclamaron respeto a la presunción de inocencia.
Sin embargo, los investigadores identificaron al ex consejero de la Generalitat en algunas de las operaciones de contrabando, y se le vio en acción en el garaje donde presuntamente se hicieron lo intercambios ilegales.
El caso, que ya ocupa miles de folios, continúa en fase de instrucción y se está retrasando por los muchos recursos que están presentando los abogados. La Fiscalía ha pedido una fianza civil de 191.000 euros ante la posibilidad de una multa por contrabando, lo que ya ha sido recurrido por el ex conseller. Fiscalía también investiga si Ausàs pudo haber utilizado la información sobre seguridad en materia de contrabando que tenía años atrás por su cargo como alcalde (2003-2008).
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