ETA: Más de un centenar de casos sin resolver y ya prescritos

El medio siglo de actividad criminal de ETA deja 312 asesinatos sin resolver de los 858 cometidos por la banda terrorista.

El medio siglo de actividad criminal de ETA deja 312 asesinatos sin resolver de los 858 cometidos por la banda terrorista. Pero pese a la reapertura en los últimos años de más de una veintena de causas a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en más de un centenar casos (al menos 134 según los últimos datos disponibles), la Justicia ya no puede ir más allá, pues pasados 20 años los hechos han prescrito.

No es de extrañar teniendo en cuenta que sólo entre 1978 y 1990 los terroristas cometieron 562 asesinatos. Y la lista de causas prescritas puede aumentar en los próximos años, pues de 1998 a 2001 murieron en atentados a manos de ETA 44 personas.

Para impedir la prescripción de algunas causas, la Fiscalía ha conseguido en los últimos años la reapertura de varios procedimientos ante la existencia de nuevos indicios contra los posibles autores de atentados en los que, o bien no hay nadie condenado por esos hechos o no están condenados todos los autores materiales o los terroristas que dieron las órdenes. Así sucedió, por ejemplo, en el caso del asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, después de que el juez Eloy Velasco reabriera la causa al señalar la Fiscalía a José Javier Arizcuren, «Kantauri», ex «jefe militar» de ETA, como responsable último del secuestro y asesinato del edil popular en julio de 1997, por ordenar a los «comandos» de la banda que pusiesen «toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP» para forzar al Gobierno a autorizar el traslado de presos etarras a cárceles del País Vasco.

Reaperturas como esta, a apenas unos meses de que los hechos prescribieran, interrumpen el plazo de 20 años transcurrido el cual con la ley en la mano ya no se puede exigir responsabilidades penales por lo sucedido. En ocasiones basta con una petición de extradición (así lo avaló el Tribunal Supremo en 2013) o con declaraciones de etarras ante las Fuerzas de Seguridad en otros procedimientos, equivalentes a una denuncia policial. En ambos casos esas actuaciones son suficientes para interrumpir el plazo de prescripción.

Según un informe remitido por la Fiscalía al Observatorio contra la impunidad, 166 procedimientos fueron sobreseídos al desconocerse los autores de los atentados. En otros 95 casos, no se consiguió una resolución judicial contra los supuestos autores que se identificaron por las Fuerzas de Seguridad. Este documento, elaborado por el anterior fiscal jefe Javier Zaragoza hace un año, cifraba en 28 los atentados mortales sin esclarecer cometidos desde 1992. Entre ellos, el último cometido por ETA en suelo español, el asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada en Calviá (Mallorca) el 30 de julio de 2009, un atentado por el que nadie ha sido condenado aún.