"Me acojo a mi derecho legal a no declarar". Tras la primera intervención del representante popular, Gerardo Camps, en la sesión de investigación de la Cámara Alta, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ha esquivado las cuestiones de los senadores recurriendo a su derecho legal a no declarar. El máximo líder de la organización que coincidió con la exministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, se encuentra investigado por tráfico de influencias y prevaricación.

Pasadas las 11:00 de la mañana y de manera puntual como suele ser habitual, la presidenta de la Comisión de Investigación ha dado comienzo a la segunda comparecencia de Fernández en el Senado. La primera se produjo en julio de 2025 ante la comisión del caso Koldo y también optó por declinar las cuestiones del Senado. En aquella ocasión alegó que se encontraba procesado en la causa de Aznalcóllar.

Ni con las preguntas relacionadas con el piso de León, su presunta relación con la fontanera del PSOE, Leire Diez, o las reuniones apuntadas por la UCO con el expresidente de Transportes, José Luis Ábalos, y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha mediado palabra. "Su silencio es concluyente", ha señalado el senador Camps tras apuntar a su relación con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, constatada por Lora en el día de ayer. El folio y el bolígrafo han sido los recursos de Fernández durante su comparecencia. Ni siquiera ha expresado una reacción sobre su contrato en Servibar, la empresa vinculada con Santos Cerdán y Antxón Alonso.

La situación judicial del expresidente de la SEPI y su relación con Montero

Fuera de su silencio en el Senado, la situación judicial no es sencilla para Fernández. Fue detenido junto con Leire Diez por su presunta participación en un entramado de adjudicaciones públicas irregulares desde la SEPI. Quedaron en libertad. El procedimiento, que está bajo secreto de sumario, apunta a presuntas irregularidades en préstamos valorados en unos 132 millones de euros.

Vicente Fernández fue un hombre de la máxima confianza de la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero que actuó como su "mano derecha" y fue destinado a la intervención general de la Junta de Andalucía, entre febrero de 2016 y junio de 2018. En este conglomerado, que gestiona participaciones de empresas estratégicas del sector nacional, no superó los dos años de mandato y presentó su dimisión tras su imputación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Caso del que ha sido absuelto.

Antes de que Montero depositara su confianza al frente del organismo, Vicente Fernández trabajó en la Junta de Andalucía desde el 2016 hasta el desembarco de Montero a Madrid. Su dilatada experiencia en la política territorial se complementa con su participación como secretario general de Innovación bajo el mandato de la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, durante cerca de cuatro años. En este sentido, la candidata del PSOE en Andalucía ha quitado hierro ya que "es un asunto del pasado".

También guardo relación con Servinabar 2000 SL. La empresa controlada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL mantuvo en nómina a Vicente Fernández durante un año y medio. Este hombre entre, se supone los años que estuvo contratado por Antxón Alonso, 2021 y 2023, tuvo un salario de más de 100.000 euros.